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Suspensión e inhabilidad de ocho meses especial profirió la Procuraduría General en contra del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por la agresión física y verbal contra el concejal Jhon Jairo Claro Arévalo.
Para el Ministerio Público, el exmandatario presentó una desatención de su deber como servidor público consagrado en la Ley 734 de 2002, en el sentido de tratar con respeto a toda persona con la que se tenga relación en razón al servicio e incurrió en la prohibición consignada en el Código Único Disciplinario al agredir físicamente al concejal.
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La falta según la Procuraduría fue calificada como grave cometida a título de dolo. Sin embargo, teniendo en cuenta que Hernández no se encuentra ejerciendo su cargo se ordenó realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el Código Disciplinario.
De esa forma, el ex mandatario deberá cancelar una suma de $124 millones 103 mil.
En diálogo con RCN Radio, el concejal Claro Arévalo señaló que primero debe especificarse que ese dinero no es para él, los dineros los debe pagar el exalcalde a manera de sanción porque ya no ejerce el cargo.
Consideró ajustada a derecho la sanción que profirió la Procuraduría toda vez que se cometió una irregularidad tal como registrada en videos, sumado a los testigos que estaban en el momento de cometerse la agresión.
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El altercado ocurrió el 28 de noviembre del año 2018 cuando el corporado abordó al alcalde para cuestionarlo por la participación de su hijo en una empresa del excongresista Fredy Anaya, y sugirió que había un caso de corrupción en ese asunto.
Claro al ser consultado por RCN Radio explicó que Hernández se molestó por una pregunta al respecto "Es bien sabido que (Hernández), hasta hace cinco años, antes de ser alcalde, cohonestaba con la politiquería, se sentaba con ellos a manteles".
La decisión es en primera instancia y podrá ser apelada.
