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Las investigaciones preliminares que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de irregularidades en el manejo de los dineros de la paz se desprenden de un correo que envió Emiliano Leguizamon, implicando a los congresistas Juan Samy Merheg, Wadith Manzur, Yamil Arana y Alfredo Ape Cuello, todos del partido Conservador.
Según esa denuncia, los congresistas supuestamente recibieron coimas que oscilaban entre el 2% y 12% “por su intervención en la contratación para la ejecución de proyectos –financiados con recursos de las regalías-, concertados en el marco del Acuerdo Final de Paz “a cargo del OCAD-Paz.
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Las investigaciones buscan determinar la posible responsabilidad de esos congresistas, pero además es una investigación abierta, es decir, también busca determinar si otros políticos estarían implicados en ese escándalo.
El exconsejero Emilio Archila será escuchado por la Corte en calidad de testigo el próximo primero de agosto. Él ya entregó su declaración ante la Fiscalía, en donde reiteró las denuncias que hizo llegar al fiscal Francisco Barbosa, a quien le pidió investigaciones contra el entonces secretario técnico del Ocad-Paz, Álvaro Ávila y el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.
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La Procuraduría informó que avanza en dos líneas de investigación. La primera se inició tras el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el Ocad-paz por más de 437.000 millones de pesos para temas de vivienda, transporte y deporte y recreación. La Procuraduría informó que hay 24 actuaciones disciplinarias activas.
La segunda es por los hallazgos de la Contraloría sobre presuntas irregularidades en el manejo las regalías y en la ejecución de los proyectos que el Ocad-paz aprobó. En esa se avanza en 12 actuaciones disciplinarias.
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