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Escándalo de MinTIC: Juez declara legales las capturas de los implicados

Se trata de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde.

Actualizado:
Martes, Septiembre 21, 2021 - 13:53
Emilio Tapia, excontratista implicado en el carrusel de la contratación
Emilio Tapia, excontratista implicado en el carrusel de la contratación / Colprensa
Emilio Tapia, excontratista implicado en el carrusel de la contratación

Un juez de Bogotá declaró legal las capturas del contratista Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las TIC y la Unión temporal, para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional.

La fiscal especializada Andrea Muñoz, aseguró ante el juez de control de garantías que fueron incautados computadores, celulares, documentos y otra serie de pruebas que demostrarían que los tres primeros capturados por este caso, falsificaron la garantía bancaria del anticipo de más de 70 mil millones de pesos entregado a Centros Poblados.

"Dentro del marco de esa licitación, se pudo establecer que los señores Emilio José Tapia Aladana, Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavidez (quien no se encuentra en la audiencia), falsificaron el documento privado denominado garantía bancaria de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por Luis Fernando Duque y los supuestos funcionarios del Banco Itaú", dijo la fiscal delegada.

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De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias recolectadas permitieron demostrar que los capturados con este documento falsificado, indujeron en error a los funcionarios Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual y evaluadora jurídica del MinTIC y Adriana Vanesa Mesa Consuegra como secretaria general, en el marco de ese proceso de licitación pública.
 

Ante los hechos investigados, la Fiscalía les formuló imputación de cargos a los detenidos como presuntos responsables de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

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Esa entidad les advirtió que de ser hallados responsables, se podrían enfrentar a una pena que podría oscilar entre los 6 y los 12 años de prisión por el delito de fraude procesal y que se podría incrementar por los cargos de falsedad en documento privado.

 

Fuente:
Sistema Integrado de Información