La FM en Google News
La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, acudió este miércoles a la Fiscalía General de la Nación para ratificar y ampliar la denuncia que presentó contra el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, por los pagos dobles y hasta triples de nómina en los que incurrió el Gobierno el año pasado.
La diligencia se desarrolló a petición de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso contra Bonilla por su presunta responsabilidad en el delito de peculado culposo.
Le puede interesar: Magistrado Jorge Enrique Ibáñez rompe silencio frente a denuncias por chuzadas
Esta acción judicial fue interpuesta por Holguín debido a las consignaciones que se hicieron el pasado 24 de noviembre de 2023 a 180.000 servidores públicos del Estado, quienes recibieron estos pagos irregulares por parte del Gobierno Nacional.
En la diligencia, la senadora Holguín entregó las repuestas a varios derechos de petición que elevó ante el Ministerio de Hacienda en las que reconoce el error que se cometió por un valor inicial superior a los 665.000 millones de pesos y otro documento en el que el Gobierno afirmaba que el saldo a recuperar superaba los 50.000 millones.
“Aporté además nuevas pruebas de derechos de petición que habíamos hecho a esta cartera para que se esclarezca quienes son los responsables y cuál es el total del dinero que no se ha podido recuperar, el detrimento que se causó a la nación, porque además se dejaron de pagar intereses por los saldos que habían en el Tesoro Nacional”, indicó.
Vea también: Consejo de Estado niega demanda de inversores de DMG: pedían una indemnización
De igual forma, la dirigente política puso de presente el proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría General de la República en contra del ministro y otros funcionarios por un detrimento equivalente a 1.624 millones de pesos, por concepto de intereses dejados de pagar por parte del Banco de la República.
“Ahora el Congreso le aprobó a ese mismo Ministro un cupo de endeudamiento por 17 mil millones de dólares, sin plan de recorte ni destinación clara de esos recursos públicos. Subvención a la irresponsabilidad”, indicó.
