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Por lo menos desde marzo de 2021, al correo del entonces alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, llegaron denuncias anónimas que señalaban a un funcionario del Departamento Nacional de Planeación en un posible delito de corrupción.
El 18 de ese mes, un anónimo le escribió personalmente a Archila con una afirmación grave. El correo que tenía el asunto "Denuncia contra Álvaro Ávila, secretario técnico OCAD Paz", acusaba directamente a Ávila de solicitar coimas de hasta 5 % para aprobar proyectos del valor de cada proyecto o en su defecto el proyecto se quedaría sin recursos.
Las llamadas las hace a través de unos calanchines que citan a los alcaldes a su oficina para proponerles la extorsión. Agradezco dar traslado a la Fiscalía ya que usted a partir de este momento es conocedor de un acto más de corrupción del dr. Álvaro Ávila Silva. Decimos que uno más ya que en la Fiscalía y Procuraduría están radicadas más de 10 denuncias por corrupción en contra del mencionado doctor. Sé que usted es una persona honesta y deberá dejar en cabeza de otra persona la adjudicación de recursos a proyectos que llevan más de un año esperando", dice el correo completo.
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Luego de la recepción, Archila inmediatamente le comunicó a la secretaria de Transparencia de Presidencia, Beatriz Elena Londoño, los hechos mencionados en el correo. Así lo hizo el mismo día con un correo enviado al fiscal general Francisco Barbosa.
El núcleo de la secuencia de denuncias, aunque anónimas, es que a varios alcaldes de municipios pobres y vulnerables se les estaría pidiendo una coima de entre el 2 % y el 5 % para aprobar proyectos con los recursos para la implementación del acuerdo de paz vía regalías y vía donaciones de países extranjeros que conforman la bolsa del OCAD Paz.
Álvaro Ávila era para entonces el secretario técnico del OCADA Paz y un funcionario del Departamento Nacional de Planeación. La Unidad Investigativa de La FM le envió preguntas puntuales al exdirector del DNP, Luis Alberto Rodríguez, para conocer si sabía de estas denuncias y qué hizo al respecto, pero hasta ahora no contestó las comunicaciones.
Otro de los correos con las denuncias fue enviado el pasado 14 de mayo al correo del consejero Archila. Este tenía el asunto "Información de carácter urgente", y contenía de nuevo una amplia denuncia detallando posibles hechos de corrupción.
"Nos vemos en la necesidad de proceder a realizar esta denuncia anónima, debido a la preocupante y delicada situación donde se encuentran involucradas personas poderosas, las cuales serán denunciadas a continuación".
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El correo explica que el contralor delegado para posconflicto, Juan Carlos Gualdrón y Álvaro Ávila, habrían supuestamente tratado de dificultar proyectos para vías con el Ministerio de Transporte, tras no lograr acordar sobornos con los proponentes de esos proyectos.
"El contralor Gualdrón y el señor Ávila están en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector. Todo porque no se negociaron con el contralor Gualdrón y el señor Ávila pagos de dádivas o incentivos por la aprobación de los mismos. Al ver estos señores que el Ministerio emitió todos los proyectos favorables como estaban el año pasado, proceden esta semana a hacer una presión constante al Ministerio", dice la carta.
Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento del DNP. El contralor Gualdrón dijo en otro medio de comunicación que la Contraloría no tenía poder de decisión sobre qué proyectos se avalaban o no en los comités del OCAD paz y afirmó que se trata de retaliaciones por sus denuncias sobre el cartel de los paneles solares.
