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La Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional y a otras entidades del Estado por no asistir a una audiencia pública que convocó ese alto tribunal, con el fin de atender la crisis generada por el hacinamiento y otros problemas en las cárceles del país.
El jalón de orejas fue realizado en principio por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien aseguró que "hemos invitado a los ministros de Hacienda, de Justicia, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, al fiscal General de la Nación, a la procuradora General de la Nación, al defensor del Pueblo, al contralor General y a otros funcionarios que tienen a su cargo participar en la definición de la política criminal".
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Así mismo, sostuvo que "casi ninguno de esos funcionarios se hizo presente en esta sala, lo que constituye una grave afrenta para resolver esta situación. Reiterando lo que ha dicho la Corte en distintos pronunciamientos, este es un problema grave que exige de las autoridades públicas unas acciones inmediatas".
El magistrado Ibañez cuestionó que muchos de los funcionarios que se hicieron presentes a la diligencia no tenían nada que ver con la actividad misional de las instituciones que representaron, porque simplemente trabajan en áreas de apoyo sobre la labor administrativa interna de un ministerio.
"Las autoridades a sabiendas de la situación tan grave que afecta a una parte de la población colombiana, no toma cartas en el asunto. Les parece que esto es de segunda categoría, con lo cual pueden enviar a personas que ni siquiera tienen a su cargo la competencia misional para que pueden llevar la vocería de esas instituciones en la audiencia", agregó Ibañez.
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Enfatizó además en que "llamó la atención sobre ello, porque es un despropósito que citados por la Corte Constitucional, a través de una Sala Seguimiento, simplemente esas autoridades le den la espalda al país y no comparezcan".
Agregó que la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que al interior de los llamados centros de detención transitoria existe una problemática generalizada, cuya estructura es insuficiente para garantizar las condiciones para una estadía prolongada de las personas judicializadas por distintos delitos.
Según el magistrado, como se ha evidenciado las salas de paso de las URI, las estaciones y subestaciones de policía presentan índices de hacinamiento alarmantes.
"En algunos casos la sobrepoblación alcanza porcentajes superiores al 900 % y se presentan riñas, intentos masivos de fuga, homicidios, ingresos de estupefacientes e incrementos de las enfermedades", añadió.
