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Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de una ampliación de reconocimiento, el general Paulino Coronado reconoció que el Ejército ignoraba las denuncias sobre los 'falsos positivos' o las muertes ilegales presentadas como bajas en combate, porque existía una denominada ‘guerra jurídica’ con las organizaciones de derechos humanos.
El general habló de un evento de diciembre del 2007 denominado ‘encuentro por la vida y el territorio’ celebrado en Ocaña, en el que los campesinos del Catatumbo denunciaron los falsos positivos, sin embargo, dijo que esas denuncias no se tuvieron en cuenta.
“Fue para responder a las preocupaciones de los campesino por las ejecuciones extrajudiciales que fueron perpetrados por la brigada 15 unidad que no estaba bajo mi mando (…) si en el Estado hubiéramos asumido esas denuncias presentadas y adoptado medidas de control no siendo omisivos se habría evitado la comisión de otros crímenes ocurridos en los meses siguientes”, dijo ante la JEP.
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En ese evento del 2007 también asistieron militares heridos en combate, que según el general, fueron “conducidos por oficiales del batallón Santander y la Brigada 15, con el fin de constreñir a las víctimas y general solidaridad hacia el Ejército”.
Dijo que lo que se pretendía desde el Ejército era “cuestionar las denuncias de los campesinos y dejar en el imaginario de la comunidad que las denuncias contra el Ejército eran ataques contra los hombres que se habían sacrificado en la lucha contra los grupos armados”.
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En ese encuentro en Ocaña también asistió la Vicepresidencia de la Republica durante el gobierno de Álvaro Uribe, la Procuraduría, la Defensoría, la Personería y el secretario de Gobierno.
El general admitió su responsabilidad por omisión en los denominados ‘falsos positivos’. Los hechos que investiga la JEP ocurrieron en el departamento de Norte de Santander y se conocen como el caso 03 por el informe que entregó la Fiscalía sobre muertes ilegitimas presentadas en combate. Ese caso reúne seis territorios por el numero de hechos y víctimas.
Ante la JEP se imputaron cargos a once personas por crímenes de guerra en persona protegida y asesinato sistemático contra la población civil, uno de ellos es el general Coronado, entonces comandante de la Brigada 30 del Ejército.
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