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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron un informe en el que se denuncian y documentan 20 casos de ejecuciones extrajudiciales en la región del Sarare, que comprende los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, en medio del conflicto armado.
Según el informe, por ejemplo en las veredas La China, El Margua, El Cabujón y Samoré, las víctimas fueron retenidas, asesinadas y luego sus cadáveres fueron manipulados y la escena del crimen fue alterada.
Algunas de las víctimas fueron identificadas como: Omar Durán Gonzáles, Luis Olivo Pérez, Alirio Montañez, Ismael Cadena Villamizar y Benito Ortiz.
También se reportan otra serie de casos de ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Saravena, en las veredas Charo Alto, El Pescado, Buenavista, El Remolino, Puerto Lleras, Cisneros, Caño Seco y San Miguel, lugares en los que fueron ejecutadas varias personas.
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Según los denunciantes en cada una de las ejecuciones se advierten características comunes que describen un mismo patrón de comportamiento de los miembros de la fuerza pública, a pesar de la distancia geográfica y espacial en la que se produjeron los hechos.
“Sitio estigmatizado por el Gobierno Central, por varias razones: a) por ser la puerta de entrada a la región del Sarare, enmarcado por un contexto de violencia política, b) disputas territorial de las organizaciones subversivas y c) centro de operaciones del bloque de explotación petrolera, mayor responsable de la ejecución de las víctimas, en esta zona (...)”, indica el informe.
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De acuerdo con los autores del informe, dichos patrones se expresan en la similitud de las características de las víctimas, sus lugares de residencia y habitación; el ejercicio de poder y excesivo uso de la fuerza en las actuaciones de los militares, la ausencia de pruebas técnicas adecuadas para el esclarecimiento de los hechos.
