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Entre julio de 2012 y agosto de 2013 la entonces senadora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, permaneció un año y ocho días privada de su libertad en el marco de un proceso por lavado de activos agravado por la adquisición de tres fincas en el Valle, como parte de una sociedad, que estuvieron vinculadas a los narcotraficantes del Cartel de Cali.
La preclusión de la mencionada investigación le fue notificada años después, en julio de 2018, mientras ocupaba la Gobernación del Valle. La Fiscalía determinó que no hubo pruebas que la vincularan a estructuras ilegales y en su momento la dirigente atribuyó ese largo proceso de 12 años a "falsos testigos" que pretendieron torpedear su carrera política.
Por estos hechos que resume como "privación injusta de su libertad", la justicia colombiana acaba de admitir una demanda contra el Estado radicada por Toro, ahora presidenta del Partido de la U, quien pretende una indemnización de 1.854 millones de pesos por perjuicios morales, perjuicios materiales y lucro cesante.
Advierte que dejó de recibir 828 millones de pesos por concepto de 23 meses de salario como senadora. Había renunciado a su investidura en febrero de 2013, mientras se encontraba privada de su libertad, para dedicarse estrictamente a su defensa.
"Por lucro cesante, la suma de ochocientos veintiocho millones seiscientos cuatro mil ciento veinticuatro pesos ($828 ́604.124) equivalentes a 23 meses de salarios, actualizados al 31 de diciembre de 2020, dejados de percibir por la víctima directa como Senadora de la República, entre el 24 de julio de 2012 y el 20 de junio de 2014, cargo para el cual había sido elegida en el periodo 2010-2014", dice la demanda admitida el pasado 12 de abril.
La acción judicial fue presentada por Toro, su cónyuge Julio César Caicedo, su hijo, su madre y, en general, 13 familiares cercanos.
