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Son constantes las críticas que recibe el Consejo Superior de la Judicatura -encargado de las finanzas de la Rama Judicial- relacionadas con la entrega de recursos para administrar justicia a los diferentes despachos judiciales.
Esta vez, las críticas vinieron de parte de la Sala de Instrucción de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que denunció falta de recursos para adelantar las investigaciones contra aforados constitucionales.
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El presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Héctor Alarcón, dijo que el año pasado los magistrados tuvieron que sacar dinero de sus bolsillos para no frenar las investigaciones y práctica de pruebas en ciudades diferentes a Bogotá como Bucaramanga, Medellín y el departamento de Boyacá.
“Nos golpeo el presupuesto para práctica de pruebas y actividades propias del servicio. En algunos casos que necesitábamos viajar, nos vimos obligados a sufragar o costear los pasajes con recursos propios. Tanto pasajes del magistrado como de su equipo de trabajo”, señaló el togado.
El Consejo Superior de la Judicatura explicó al magistrado que la falta de recursos supuestamente “es parte de las políticas o dinámicas del Estado, en el sentido de que cuando se agota el 80 % de los recursos, el otro 20 % no se puede gastar por austeridad fiscal”.
El magistrado Alarcón sostuvo que aunque entienden la situación y la austeridad en el presupuesto, sí esperan que para este 2020, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema tenga los recursos suficientes para administrar justicia.“Esperamos que el 13 de enero contemos con toda la disponibilidad fiscal para continuar con nuestra actividad”, indicó.
De hecho, en un debate de control político en el Congreso, previo a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Max Alejandro Flórez, se quejó por la falta de recursos para la Rama judicial en el presupuesto de 2020.
Ante la Judicatura, dijo que los recursos solicitados para el funcionamiento del sector, ascienden a más de 5.7 billones de pesos, de los cuales el 92 % se utiliza sólo en temas de funcionamiento.
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“El proyecto de presupuesto, radicado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso, asciende a 4 billones 668.000 millones de pesos para la vigencia 2020, arrojando una diferencia de más de un billón 36 mil millones, respecto a lo solicitado por la Rama Judicial. Esa reducción afecta la creación de cargos requeridos para mitigar el impacto de la congestión judicial y el pago pasivo litigioso de la rama judicial”, manifestó.
Sin embargo, el pasado 27 de diciembre se conoció la noticia del Presupuesto de la Nación para el 2020 que firmó el presidente Iván Duque y cuyo monto se estableció en 271,7 billones de pesos.
Según dicho presupuesto, este año serán destinados 4.9 billones de pesos para la Rama Judicial, mientras que para el sector Defensa se destinarán 35,3 billones.
