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La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, le ordenó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería dejar sin efecto la sentencia que favoreció a la familia Cabrales, con la adjudicación irregular de 862 hectáreas de tierras baldías, ubicadas en el municipio de Tierralta.
El alto tribunal consideró que el juzgado vulneró el derecho al debido proceso de la Nación al favorecer a la familia exsenador del Centro Democrático, Daniel Cabrales, y embajador de Colombia en República Dominicana, al fallar una sentencia del 1 de septiembre de 2009.
La Corte Suprema, mediante la Sentencia STC5005-2020, confirmó la decisión proferida por la Sala Civil, Familia y Laboral, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro de la acción de tutela promovida por la Agencia Nacional de Tierras.
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Se trata de los predios, 'La Esperanza', 'La Gloria II', 'La Gloria I', 'No Hay Como Dios', 'El Alto Viento', 'La Magdalena', 'El Silencio', 'Villa Rosa', 'Las Lomitas', 'La Palma', 'Vista Hermosa', 'La Primavera', 'El Ratón', 'La Loma', 'Pakistán' y 'Los Milagros'.
El objetivo es esclarecer la real naturaleza jurídica de dichos predios y la titularidad de los derechos reales sujetos a registro sobre los mismos, y a que posteriormente, en un término que no exceda un mes, profiera la decisión que en derecho corresponda a fin de resolver tal litigio.
Al respecto, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez, afirmó: “celebro que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, nos haya dado la razón, al fallar favorablemente la tutela que debimos interponer para que se esclarezca la real naturaleza jurídica de 862 hectáreas en Tierralta”.
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Agregó que con esta decisión se podrá determinar los verdaderos propietarios de dichos predios y también quienes tengan el legítimo derecho a explotarlos, una vez se establezca la titularidad de los mismos.
Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, explicó que los predios baldíos irregularmente adjudicados a particulares en Colombia, serán utilizados para reparar víctimas del conflicto armado.
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