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Joan Sebastián Moreno Hernández, abogado de la Corporación Víctimas Militares del Conflicto Armado, le confirmó a RCN Radio que radicó de manera formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un recurso para que se anule el fallo que declaró amnistiable el atentado contra la Escuela Superior de Guerra, ocurrido el 19 de octubre de 2006 en Bogotá.
Moreno indicó que existe un “gran descontento con las motivaciones jurídicas que se utilizaron para otorgar la correspondiente amnistía”, hecho por el cual le piden a la Sala de Apelaciones de la JEP que revise el caso”.
En su concepto, se están “pisoteando los derechos de las víctimas negando su condición (…), es motivo suficiente para oponernos a la construcción de una paz con plena impunidad, en la que los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no tienen lugar”.
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El abogado explicó que la apelación gira en torno a cuatro puntos fundamentales para buscar la reparación de las víctimas del ataque terrorista, entre ellos:
- Si la Escuela Superior de Guerra era un blanco militar legitimo a la luz del Derecho Internacional Humanitario.
- Si el carrobomba pudo utilizarse como un medio de guerra indiscriminado.
- Si la prohibición de ataques resultaba excesiva con relación a la ventaja militar anticipada.
- La vulneración del derecho de las victimas al desconocerlas, y otorgarles el estatus de intervinientes para efectos procesales.
Consideran que el hecho de darle amnistía a la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, conocida como la ‘Mata Hari’ de las Farc, desconoce la gravedad del mencionado ataque terrorista a las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra.
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“Interpusimos el recurso de apelación en contra de la decisión de fondo que decidió concederle la amnistía a la ‘Mata Hari’, no solo porque a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) fue un hecho que infringe muchas disposiciones como los principios de precaución y de distinción”, afirmó el abogado.
También, señaló que “un carrobomba es considerado como un artefacto prohibido por el DIH porque no distingue a quien ataca”.
En ese sentido manifestó que “quitarle la condición de víctimas a las personas que sufrieron un ataque de esa naturaleza, es revictimizarlos, es generarle un daño y eso impide la construcción de paz, de reconciliación”.
Burla
RCN Radio también consultó al coronel Armando Pintor, víctima del atentado, quien aseguró que la JEP se está burlando de quienes padecieron ese acto al que calificó como terrorista.
“Como víctima del atentado estoy muy preocupado y muy triste (…), porque los militares, junto con los estudiantes que resultamos heridos, empezamos a participar del proceso penal desde el año 2006, participando en la condición de víctimas y luego el proceso pasó a la JEP, donde fuimos considerados también como víctimas, pero ahora en este fallo nos quita esa condición y nos califica como intervinientes”, explicó.
Agregó que luego de 14 años en los que fueron tratados como víctimas del ataque de las extintas Farc ahora son desconocidos por la JEP.
“Nos dejan en una condición similar a la de un perito, un abogado, un técnico, un fotógrafo pero nos quitan la acreditación de víctimas a todos los militares que resultamos heridos allá”, precisó.
En su pronunciamiento, el coronel Pintor señaló que es grave la situación que enfrentan las víctimas.
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“El hecho que la JEP considere que ese acto no es un hecho terrorista y que por eso le concedan a Marilú Rodríguez Baquero la amnistía, es una burla para las víctimas, porque además expresaron que esa fue una acción válida y legítima dentro de la guerra.
Mencionó que hubo más estudiantes lesionados que uniformados. “No fue un acto de guerra, sino un atentado contra una institución educativa, donde nadie permanecía armado y había una universidad al lado, prueba de ello es que hubo 18 estudiantes y 14 militares heridos”, resaltó.
Según el oficial, quien resultó lesionado por la explosión del vehículo, no se puede justificar el uso de este tipo de mecanismos dentro de un conflicto armado.
“En la JEP justifican el uso del carrobomba como un arma valedera que cumplió los principios de proporcionalidad de objetivo y necesidad militar dentro del Derecho Internacional Humanitario, nosotros consideramos que es un arma de destrucción sin ningún control, que no es convencional y que afectó a civiles y a militares”, precisó.
Afirmó que le preocupan las condiciones en la que quedarán los militares que resultaron afectados por acciones terroristas de la desaparecida guerrilla.
“Nuestras preocupaciones ahora se enfocan en qué condiciones vamos a quedar todas las víctimas militares de lo que, ha sucedido en Colombia en los últimos 60 años y si desconocerán también a nuestras familias”, aseguró el coronel Pintor.
