Cuatro presuntos disidentes de las Farc son judicializados por extorsión

Entre sus víctimas estaban contratistas y agricultores.
Empresas transportadoras
Es importante manifestar que este escenario es simulado, es decir, en ningún momento se pone en riesgo la integridad física de los ciudadanos, ya que los delincuentes utilizan un teléfono celular y la habilidad para llegar a las emociones de las personas Crédito: RCN Radio.

Tras dos años de investigación fueron judicializados cuatro presuntos integrantes de las disidencias del Frente 28 José María Córdoba de las extintas Farc. Estas personas estarían dedicadas a cometer delitos de extorsión, secuestro, homicidio y desplazamiento en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare.

Se trata de John Alexis Valderrama, alias Ricura; Francisco Parada Córdoba, alias Matemático; María Isabel Avella Pérez, alias María; y Eliana Janet Fonseca Tuta, alias Eliana quienes fueron detenidos el 22 y 23 de septiembre en cuatro allanamientos en zona rural de Casanare, Tame (Arauca) y Bogotá.

Los procesados fueron presentados ante el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de Garantías de Firavitoba (Boyacá) quien impartió legalidad a los procedimientos judiciales cumplidos. "Fiscalía imputó a los procesados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. Ninguno fue aceptado por los judicializados", dice la Fiscalía.

"El juez cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a John Alexis Valderrama, alias Ricura; y a Francisco Parada Córdoba, alias Matemático. María Isabel Avella Pérez, alias María; y Eliana Janet Fonseca Tuta, alias Eliana fueron cobijadas con medida de aseguramiento domiciliaria", señaló la Fiscalía.

"Durante el procedimiento también fue capturado en flagrancia César Arnulfo Valderrama Salazar, quien no hace parte de la organización criminal, pero sí se encontró en su poder un arma de fuego. Por esto la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y el juzgado impuso medida no privativa de la libertad", agrega.

Alguna de las víctimas de estos delitos serían dirigentes locales, contratistas y agricultores a quienes, de acuerdo con el material probatorio, se les solicitaba un porcentaje de sus ganancias a cambio de no atentar contra su vida.


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