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La Corte Constitucional decidió no estudiar de fondo una demanda contra el decreto 1844 de 2018 que reglamenta el Código Nacional de Policía y prohíbe la tenencia, el uso o distribución de drogas o la dosis mínima.
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La Corte consideró que no era competente para estudiar de fondo el tema debido a que se trata de un decreto y no una ley constitucional.
La demanda había sido presentada por la Representante a la Cámara, Katherine Miranda y buscaba tumbar la iniciativa por “violar los derechos fundamentales de los consumidores”.
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Actualmente en el Consejo de Estado cursa otro recurso contra el decreto, presentado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la organización Temblores ONG.
Ambas organizaciones dicen que el decreto permite extralimitación de funciones por parte de los uniformados que se encargaran de decomisar la droga.
En el recurso ante el alto tribunal añaden que el resultado no será perjudicar a las grandes empresas criminales, sino al contrario favorecerlas.
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El Gobierno ha dicho que el decreto no va en contra-vía de las sentencias de la Corte Constitucional, que aunque ha establecido no imponer sanción penal por el porte de la dosis mínima, ello no establece que se pueda portar en espacio público.
Por otro lado la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el consumidor debe tratarse como un enfermo y las autoridades deberán demostrar con pruebas que una persona que porta el alucinógeno lo hace con un objetivo diferente a su consumo personal.
