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21 Oct 2019 12:46 PM

Corte ratifica condena a exdiputada de Córdoba por vínculos con paramilitares

Durante cuatro años se encargó de realizar el lavado de activos de esta organización en Córdoba.
Rafael Pérez
Rafael
Pérez Becerra

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de ocho años de prisión en contra de la exdiputada del municipio de Valencia (Córdoba) por sus vínculos con grupos paramilitares para obtener beneficios económicos de esta estructura armada ilegal.

Tras resolver el recurso de casación presentado contra el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el alto tribunal determinó que existen pruebas de los nexos entre la dirigente política y varios comandantes paramilitares entre los años 2003 y 2007.

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En la investigación adelantada por la Fiscalía General indicó que la diputada se alió con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna' y Salvatore Mancuso Gómez para lavar activos mediante actividades de testaferrato.

De esta forma se dio libre movimiento a altas sumas de dinero que le permitieron a este grupo armado ilegal realizar diferentes actividades en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, principalmente, y evitar llamar la atención de las autoridades.

La dirigente política oriunda de Montería (Córdoba) habría utilizado sus cuentas personales para mover el dinero. Igualmente, según revelaron las pruebas, realizaba las transacciones de manera personal en las entidades bancarias.

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La Fiscalía General reveló en su momento que mediante esta estrategia se habrían movido cerca de 20 mil millones de pesos de los entonces jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este dinero habría tenido su origen en actividades relacionadas con el narcotráfico y la apropiación irregular de predios.

Debido a esto fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. En el juicio fue clave la declaración de Alirio de Jesús Henao, uno de los principales testaferros de 'Don Berna'.

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Henao, quien aceptó cargos, le entregó además a las autoridades documentos -entre ellos varios certificados bancarios- que señalaban la forma en cómo se habían hecho las transacciones y los movimientos de dinero.

La diputada fue capturada en agosto de 2013 por agentes del CTI de la Fiscalía cuando se encontraba en un reconocido centro comercial en Montería.