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El juez noveno de conocimiento de Bogotá compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia con el fin que se investigue al exsenador Antonio José Correa por su presunta participación y conocimiento en las irregularidades que se presentaron en la entrega de un millonario contrato firmado entre Coldeportes y la Alcaldía de El Peñón en el departamento de Bolívar.
Para el funcionario judicial, durante el juicio que se adelantó contra tres exfuncionarios de Coldeportes se mencionó la influencia que habría ejercido el congresista en la celebración del contrato por un valor de 1.566 millones de pesos para la construcción de tres canchas sintéticas de fútbol.
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Varios testigos señalaron a Correa de haber movido sus influencias para que este contrato fuera entregado de manera directa a un grupo de contratistas. El dirigente político de Opción Ciudadana habría recibido 420 millones de pesos por su “gestión”, puesto que habría sido el encargado de lograr que se asignara un cupo indicativo para la financiación del polémico proyecto.
En el desarrollo del juicio, uno de los testigos mencionó que la cancha construida en el barrio Concepción de El Peñón era de imposible acceso, puesto que solamente se podía llegar en ferry tras navegar por el Río Magdalena.
Igualmente, otro de los testigos manifestó que este proyecto había tenido una aprobación y ejecución inusitada, esto debido a que el “cupo” era del senador Correa. Estas pruebas fueron suficientes para que el juez ordenara investigar al dirigente político quien ya tiene una indagación en la Corte por otro hecho de corrupción.
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Mariela Margarita Trujillo, quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Correa firmó un principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir, comprometiéndose a colaborar con las autoridades judiciales dentro de esta investigación.
En la diligencia celebrada el pasado miércoles, el juez condenó por el delito de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos a cinco años y medio de prisión a Carlos Celestino Martelo, uno de los contratistas que resultó beneficiado con el proyecto.
Igualmente fue sentenciado a cinco años de cárcel, Edwin Fabián Moreno, exfuncionario de Coldeportes. En su caso fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y concierto para delinquir.
Finalmente, Carlos Hernán Rivero, quien también trabajó en Coldeportes fue condenado a seis años y cinco meses de cárcel por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
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