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La Sala Plena de la Corte Constitucional se alista para decidir sobre la tutela que presentó el abogado del exsenador Álvaro Uribe Vélez, para que no lo llamen imputado en el proceso de presunta manipulación de testigos.
El caso tiene que ver con la decisión de un juzgado que determinó que la indagación que rindió Uribe ante la Corte Suprema de Justicia en ese proceso equivalía a una imputación de cargos.
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La Corte tiene dos caminos: el primer escenario es que podría devolver ese expediente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, lo que podría llevar supuestamente, a que se ‘caiga’ todo lo adelantado por la Fiscalía ante un juez ordinario.
El segundo escenario y el que al parecer llevaría la batuta en la Sala Plena, es que el proceso siga en manos de la Fiscalía tal cual como se sigue actualmente, por “el derecho fundamental al debido proceso”.
El debate surgió luego de la decisión que tomó Uribe de renunciar a su curul en el Congreso perdiendo así su fuero constitucional para que la investigación en su contra la asumiera la Fiscalía General de la Nación y no la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de la Corte Constitucional iría mucho más allá, ya que el Alto Tribunal podría ordenar o hacer llamados al Congreso para zanjar el vacío jurídico existente sobre los procesos que pasan del sistema de la Ley 600 de 2000 (aplicable a aforados en la Corte Suprema de Justicia) al sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) que se aplica al resto de ciudadanos.
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Además, la Corte podría pronunciarse sobre la validez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema de Justicia, cuando el caso estaba en ‘su cancha’ con Uribe siendo senador de la República.
La tutela que presentó Uribe fue rechazada por el Tribunal Superior de Bogotá al concluir que no se logró demostrar la afectación a sus derechos fundamentales con la decisión del Juzgado Cuarto de Conocimiento emitida el pasado 6 de noviembre que consideró que Uribe ya estaba imputado dentro del proceso por manipulación y presión a testigos.
En ese proceso Uribe es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno por supuestamente haber presionado a sus abogados con el fin de que le ofrecieran beneficios económicos y prebendas a paramilitares, para que señalaran al senador Iván Cepeda de estar detrás de un montaje en contra del expresidente y exsenador.
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