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De acuerdo con el documento del alto tribunal, las inspecciones realizadas varias zonas del Valle del Cauca, Cauca y Chochó advierten una desatención por parte de las instituciones del Estado para garantizar el retorno de las comunidades que históricamente han sido desplazadas por grupos armados ilegales.
Dentro del informe de la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional reveló que las afectaciones más graves que presentan estas comunidades están relacionadas con la utilización de sus territorios para la plantación de cultivos ilícitos y la falta de servicios esenciales como la salud y educación.
“Así pues, las comunidades señalaron graves afectaciones asociadas con las siguientes actividades: plantación, transformación, transporte y expansión de cultivos de uso ilícito; actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables (minería ilegal); tala incontrolada de árboles, y obras de infraestructura y de transporte inconsultas y sin seguimiento adecuado al proceso de consulta previa”, señala el documento.
De igual forma la Corte Constitucional evidenció que si bien el Gobierno está adelantando un programa para el retorno de las comunidades afectadas por el desplazamiento es necesario conocer un informe detallado “de los resultados de los procesos de retorno y de reubicación adelantados y por implementar con esta población, y las medidas para la prevención, protección y restitución de sus territorios”.
En su escrito el alto tribunal les hizo una serie de preguntas, que deberán ser contestadas en 15 días hábiles, entre otros, al ministerio del Interior, ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas; Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, y las Gobernaciones del Chocó y Valle del Cauca, así como a las Alcaldías de Buenaventura y Litoral del San Juan.
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