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La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos al coronel Jorge Armando Pérez Amézquita al hallarlo disciplinariamente culpable de la muerte del exguerrillero de las Farc, Dimar Torres, en hechos registrados el pasado 22 de abril en el municipio de Convención (Norte de Santander).
El Ministerio Público concluyó que el coronel “fue el determinador” de la muerte del exguerrillero para vengar la muerte de un soldado.
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En el fallo disciplinario se concluyo que “no hay un indicio” que señale que el teniente coronel, en su condición de comandante de un Batallón, “haya instado a sus hombres a actuar correctamente o impartido instrucciones para proteger la vida y la integridad de las personas”
Según las pruebas, el coronel sugirió a sus subalternos “mentir y tomar venganza antes que actuar legalmente informando los hechos como habían sucedido o apelar a medios institucionales para judicializar a las personas que habían ocasionado la muerte del soldado”.
El asesinato del excombatiente de las Farc ocurrió después que el soldado Pablo Emilio Borja García muriera por una mina antipersona el 12 de abril de 2019.
La Procuraduría desvirtuó a una de las abogadas de los uniformados quien, durante el proceso disciplinario, señaló a Torres de seguir delinquiendo, dado a que ese punto no se pudo probar.
Al contrarío la Procuraduría advirtió que Dimar Torres era una persona protegida que decisión desmovilizarse por lo cual debía ser cubrirla toda la seguridad del Estado.
La decisión de destitución e inhabilidad también cobija al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo quien cometió el homicidio por lo cual fue inhabilitado por el término de 14 años.
Mientras que los soldados David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte, que ayudaron a limpiar la escena del crimen, fueron destituidos e inhabilitados por el término de 12 años.
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La Procuraduría compulsó copias para investigar por falso testimonio al soldado profesional Romero Palencia, cabo Sastoque Rodríguez, y el soldado Jose Caicedo.
En el proceso penal ante un juez de la República, los uniformados están a la espera de que inicie el juicio en su contra, mientras tanto continúan privados de la libertad.
