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La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP radicó el escrito de acusación en contra del coronel en retiro del Ejército Plubio Hernán Mejía Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el escándalo de los falsos positivos cuando se desempeñó como comandante del Batallón La Popa de Valledupar (Cesar).
La acusación fue realizada por la Fiscalía de la JEP como supuesto autor de los delitos de homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada por hechos sucedidos cuando se desempeñó como comandante del Batallón La Popa de Valledupar.
Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP advirtió que estos graves hechos constituyen todos los elementos de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que penaliza el derecho nacional e internacional.
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De acuerdo con el fiscal Álvarez Santoyo el oficial retirado estaría implicado en 35 hechos criminales relacionados con ejecuciones extrajudiciales, en cuyos casos aparecen al menos 72 personas como víctimas.
Según el escrito de acusación, entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003, “Mejía Gutiérrez ideó, diseñó y ejecutó a través de un Ilegal Aparato Organizado de Poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”.
Según las investigaciones Mejía Gutiérrez abusó de su posición como alto oficial del Ejército y, en contravía de sus deberes constitucionales utilizó los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado para crear en el Batallón La Popa el Ilegal Aparato Organizado de Poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil.
Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Procuraduría y la Fiscalía General para que investiguen si funcionarios de la Justicia Penal Militar, procuradores y fiscales por acción u omisión pudieran haber incurrido en alguna conducta que pueda ser sancionada penal o disciplinariamente por no indagar de manera debida estos hechos.
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El fiscal Álvarez Santoyo advirtió que de ser hallado culpable, este oficial se podría exponer a la máxima sentencia de 20 años de prisión.
Es de recodar que, en su momento, los magistrados de la JEP determinaron que el coronel (r) Mejía incumplió las garantías de no repetición y revictimización con las que se comprometió cuando se sometió a la JEP, por lo que ordenaron su captura inmediata para que termine de pagar su condena por el escándalo de los denominados 'falsos positivos'.
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