Según Claros, militares que al ser retirados de las instituciones por presuntos vínculos con el narcotráfico abrían pagado cerca de 300 millones a jueces y abogados para lograr su reintegro.
Señaló que ante esto se procederá a investigar qué jueces abrían participado en el llamado carrusel.
Frente a lo anterior, el magistrado Claros dijo que se iniciaría con la denuncia interpuesta por el director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, quien aportó pruebas y documentación relacionadas con las supuestas irregularidades.
Claros agregó que las investigaciones iniciarán primero en las seccionales de cada región y el resultado de ellas serán llevadas a la Judicatura una vez se surtan los trámites correspondientes.
Estas investigaciones por parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura iniciarán en las seccionales de Cundinamarca, Meta y Santander.