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De acuerdo al alto tribunal, no es atribuible la responsabilidad al Estado por cuenta de esta bomba en el barrio La Veracruz de Bogotá, al determinar que este daño no fue previsible por parte de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico.
Lo que trascendió en la decisión es que este atentado no fue contra una edificación estatal o contra un representante del Estado, y por lo tanto no hubo falla en el servicio por parte de las autoridades que estaban presionadas por parte de los miembros del narcotráfico.
Dentro de los argumentos que expusieron los magistrados para adoptar la decisión, es que los atentados financiados por el narcotráfico no eran responsabilidad de la Nación o de las autoridades y por el contrario se comprobó las acciones que adelantaron para contrarrestar este tipo de ataques.
Estos hechos se registraron el 30 de enero de 1993 en el barrio La Veracruz de Bogotá, en donde fue dejado un carro bomba con 100 kilos de dinamita y que cobró la vida de por lo menos 24 personas.
En la decisión, la Sección Tercera daría instrucciones para mejorar las políticas públicas en el sentido de establecer que este tipo de situaciones no pueden ser atribuibles a la Nación, pero sí considerar un fondo para responder a las víctimas que de alguna forma salieron afectadas por estos hechos.
