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El Consejo de Estado admitió para su estudio el recurso de impugnación presentado por el senador Gustavo Petro en contra del fallo que negó sus pretensiones en contra de la implementación del Nuevo Código Disciplinario.
El despacho del magistrado Oswaldo Giraldo notificó a la Presidencia de la República, la Procuraduría General, el Ministerio del Interior y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que envíen sus respectivos conceptos.
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En la tutela presentada por Petro se señala que la sanción presidencial del Código Disciplinario aprobado en el Congreso va en contra de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por las irregularidades que se presentaron en el fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos cuando fungía como Alcalde de Bogotá.
En este sentido el ahora senador asegura que lo establecido en el Nuevo Código “pone en riesgo” los derechos de aquellas personas que aspiran a un cargo de elección popular. Igualmente resalta los “súper poderes” que tiene la Procuraduría General para sancionar disciplinariamente a los funcionarios.
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En la decisión emitida en agosto de 2020 la Corte IDH advierte que se debía realizar una revisión para determinar quién debía emitir las sanciones de tipo disciplinario contra los funcionarios elegidos por voto popular.
“Adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas’’, señala el fallo del organismo internacional.
Para el senador, el Gobierno pone en riego los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular como congresistas, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.
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En una primera instancia el Consejo de Estado había declarado improcedente la acción de tutela elevada por Petro. Ahora se deberá definir si se toma una decisión de fondo o se deja en firme.
