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En su defensa, la Policía Nacional afirmó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que la acción subversiva se realizó de una manera indiscriminada”.
Sin embargo, el alto tribunal señaló que la Fuerza Pública repelió el ataque en condiciones desfavorables por lo que obligó a la entidad a pagar 1300 millones de pesos a las familias de las víctimas.
Durante la toma se registró la muerte de una señora, la destrucción de su vivienda, y heridas a un menor de edad y a 14 personas, entre ellas tres integrantes de una banda de mariachis que se desplazaban en su vehículo.
A juicio de la Sala, la entidad demandada conocía el riesgo que enfrentaba dicha población, pues ya se había registrado un hostigamiento a la localidad en 1996.
Sin embargo, el diseño del plan de defensa para la subestación de Policía del lugar solo se hizo con posterioridad al ataque ocurrido en el año 2002. “Aspecto que extraña profundamente a la Sala, pues las autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, señala el fallo.
La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, revocó el fallo del Tribunal por considerar que el deber del Estado es proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”.
