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Un juez penal de Itagüí emitió sentencia condenatoria contra la exdiputada a la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano Vargas y dos de sus familares, por estafar en más de 3.000 millones de pesos a numerosas familias de bajos recursos con dos proyectos de vivienda de interés social.
Por este caso también fueron hallados culpables el excompañero sentimental de la exdiputada, Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez y su yerno, Carlos Andrés Moreno.
El juez les revocó a los condenados el beneficio de la detención domiciliaria y ordenó su reclusión en una cárcel mientras se dicta la respectiva sentencia el próximo 9 de agosto por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.
De acuerdo con la investigación, desde el año 2006 unas 240 personas de los estratos 1, 2 y 3 invirtieron más de 3 mil millones de pesos en dos proyectos de vivienda de interés social, ubicados en el Valle de Aburrá, pero dichos inmuebles nunca fueron construidos.
Los investigadores establecieron que Velásquez Rodríguez fue el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción, empresa encargada de los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y la ejecución de la urbanización San Miguel y el Proyecto Santa Marta.
La Fiscalía estableció que incluso los impulsadores de los dos proyectos ficticios citaron durante varios fines de semana a los afectados para la limpieza y organización de los terrenos donde supuestamente se iban a construir las viviendas y que serían entregadas en máximo dos años a partir del primer pago.
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