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El escándalo de perfilamientos y seguimientos a periodistas y personalidades del país que involucra al Ejército Nacional continúa llegando a organismos internacionales.
Integrantes de la oposición enviaron comunicaciones oficiales ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Corte Penal Internacional (CPI) y el Congreso de Estados Unidos, informando sobre estos hechos irregulares que al parecer se estaban presentando.
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En el caso de la OTAN, los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino solicitaron al secretario de esa organización verificar todas las acciones de cooperación adelantas con las Fuerzas Militares colombianas.
La solicitud se hace “con el propósito de evaluar si estas acciones se han realizado con estricto apego a los protocolos y principios desarrollados por la OTAN”.
En la comunicación enviada por la oposición se detalla información sobre unas supuestas “carpetas secretas” que había en el Ejército con los nombres de las personas que estaban siendo seguidas. Además, se informan detalles de la “Operación Bastón”, adelantada por el Ministerio de Defensa para dar con los responsables de estos hechos.
“En tal sentido, le solicitamos que inste a las Fuerzas Militares de Colombia, a que adopten medidas para evitar la corrupción y el cumplimiento con base en la ley de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, siguiendo para el efecto los principios de integridad, transparencia y responsabilidad que defiende la OTAN”, indica el documento.
En la carta enviada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), los congresistas solicitan que se abra una investigación contra el Estado colombiano por este escándalo de interceptaciones ilegales.
“Solicitamos (…) se adicione a la información presentada en nuestro escrito de 14 de mayo de la anualidad, la ampliación de la denuncia anexa al estudio del examen preliminar sobre Colombia que viene adelantando su entidad, con arreglo al artículo 7 del Estatuto. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a abrir investigación sobre los hechos bajo examen”, indica.
Al Congreso de Estados Unidos le proponen ejercer una estricta vigilancia sobre los recursos de cooperación internacional que envía ese país a Colombia, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, para determinar si los mismos están siendo utilizados en hechos irregulares.
“Les solicitamos que le exijan al gobierno colombiano que suministre un informe detallado acerca del uso y destinación de los recursos de ayuda militar (logístico, técnico y/o financiero) que ustedes le han entregado a nuestro país”, añade la carta.
Finalmente, radicaron un derecho de petición ante el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a través del cual se solicita información sobre el estado de las investigaciones que se adelantan contra miembros de la Fuerza Pública en los últimos cinco años, especialmente por hechos de corrupción, de chuzadas y nexos con grupos ilegales.
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