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Este sábado la Superintendencia de Sociedades declaró a Emilio Tapia Aldana como controlante de ICM Ingenieros S.A.S. en Liquidación Judicial y Omega Buildings Constructura S.A.S. en Liquidación Judicial, imponiéndole una multa cercana a los 232 millones de pesos.
La decisión se enmarca en el escándalo del contrato de Centros Poblados para llevar internet a zonas apartas del país, en la época de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen que terminó con la pérdida de cerca de 70 mil millones de pesos.
Así mismo se declaró a Hugo Armando Canabal Hoyos, como controlante de Intec de la Costa S.A.S. en Liquidación Judicial. Estas decisiones se adoptaron después de los correspondientes procesos administrativos sancionatorios que venía adelantando la entidad en contra de los responsables de dicho contrato.
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A su vez, Emilio Tapia Aldana fue sancionado con una multa de $232.000.000 y Hugo Armando Canabal con una multa de $116.000.000, por no revelar en el registro mercantil su condición de controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
Al respecto el Superintendente de Sociedades Billy Escobar Pérez señala, “la declaratoria de control en este caso resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006”.
Los afectados podrán solicitar el levantamiento del velo corporativo por medio de las acciones contempladas en la Ley. Contra estas decisiones los investigados tienen la posibilidad de interponer los recursos de reposición y apelación.
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”Desde la Superintendencia de Sociedades seguiremos trabajando por garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento”, añade la decisión.
