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Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la Nación confirman que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), firmó un preacuerdo en el cual aceptó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, con una pena de más de 7 años de prisión.
Además, el exfuncionario se comprometió a pagar una multa superior a los 3.000 salarios mínimos, devolver 724 millones de pesos y convertirse en testigo contra varios congresistas y particulares que estarían implicados en el entramado de corrupción de la UNGRD.
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López ha colaborado con la justicia estos últimos meses. Lo último que se ha conocido es que entregó a la Fiscalía General de la Nación sus celulares, que contienen información relevante para probar los señalamientos que ha realizado contra otros implicados en el escándalo de corrupción que se originó en esta entidad.
Su abogado, Luis Moreno, explicó que se trató de una decisión voluntaria para ratificar su compromiso de colaborar de manera eficaz con la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y las demás autoridades competentes para que sean judicializados todos los responsables en este caso de corrupción que salpica a altos funcionarios del Gobierno nacional.
Por otra parte, Olmedo López solicitó a la Corte Suprema de Justicia que brinde protección especial que garantice su presencia en las diligencias relacionadas con las investigaciones por corrupción en esa entidad.
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Con una carta, López expone seis puntos en los que denuncia irregularidades que afectan el proceso judicial y la pérdida de evidencia crucial para esclarecer los hechos. Entre los hechos denunciados, el exfuncionario menciona el presunto intento de soborno por 13.000 millones de pesos.
En agosto, el juez 35 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá ordenó recluir en una guarnición militar a Olmedo López, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y el contratista Luis Eduardo López.
Tras esa decisión, Olmedo López está recluido en el Batallón de Caldas y Sneyder Pinilla, en el Batallón de Artillería, acogiendo los argumentos de los abogados defensores con el fin de resguardar su seguridad.
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