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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir si la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública debe seguirse adelantando ante una juez de Bogotá o debe cumplirse ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Así lo decidió la juez 66 de control de garantías quien pese a declararse competente anunció que envía este expediente a la Corte Suprema para que dirima este asunto y así evitar una eventual nulidad en el futuro.
La juez de Bogotá indicó que su competencia es clara en este caso, porque contrario a lo manifestado por la defensa las actuaciones criminales que le atribuye la Fiscalía a César Manrique no guardan relación alguna con el cargo que ocupó como director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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“El señor Manrique fue nombrado como director del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante decreto 1729 del 23 de agosto del año 2022 y su renuncia fue aceptada por el decreto 1326 del primero de noviembre del año 2024 y las conductas realizadas presuntamente por el señor Manrique y otras personas han sido ajenas al ejercicio de las funciones que el cargo de dicho departamento administrativo de la función le imponen”, determinó la Juez.
Así mismo, sostuvo: “Lo mismo sucede con las diferentes conductas endilgadas al citado señor Manrique, el interés indebido en la celebración de contratos, el peculado por apropiación, lavado de activos, que no se estructuran al interior de la entidad que regentaba, sino en otra totalmente ajena, como lo era la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde el ordenador del gasto era el señor Olmedo López como director y no el señor Manrique”.
“Como quiera que la defensa del señor Manrique ha impugnado la competencia de este proceso en razón al fuero constitucional que predica, tiene su prohijado, este despacho en aras de garantizar el debido proceso el derecho de defensa y evitar futuras nulidades, ordenará que en forma inmediata sean enviadas estas diligencias a la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que se dirima esta competencia que se surtirá en el efecto suspensivo”, enfatizó la juez.
En el caso de César Manrique, exdirector de Función Pública la Fiscalía le imputó cargos como supuesto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en relación con la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según la fiscal novena delegada ante la Corte María Cristina Patiño, adicionalmente desde enero a marzo de 2024, César Manrique presuntamente obtuvo un provecho ilícito de 3 mil millones de pesos producto de la coima solicitada y derivada del contrato celebrado por la UNGRD con la corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques.
De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, a cambio de 'coimas' para que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques y pozos subterráneos.
También fue imputado el abogado Édgar Riveros Rey, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Igualmente, se les formularon cargos a Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD, por los delitos delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
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Así mismo, la fiscal delegada sustentó imputación de cargos contra Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Finalmente, se le imputaron cargos a Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por el delito de lavado de activos.
Una vez la Corte Suprema dirima la competencia en este caso, se reanudará la audiencia imputación y posteriormente la Fiscalía pedirá que les imponga medida de aseguramiento y sean enviados a prisión.
