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Danilo Rueda, el primer comisionado de Paz del gobierno de Gustavo Petro; Iván Velásquez, el exministro de Defensa que hoy es embajador en el Vaticano, y Jorge Lemus, el exdirector nacional de Inteligencia que dejó el cargo en medio de un escándalo con las disidencias de las Farc, tendrán que responderle a la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público abrió, de oficio, una indagación previa contra los exfuncionarios de la administración de izquierda tras la revelación de una serie de grabaciones telefónicas en las que se escucha a Rueda, en 2022, hablando con el Clan del Golfo para llegar a acuerdos en busca de un proceso de paz y sometimiento a la justicia.
Las conversaciones con el Clan, que se hace llamar Ejército Gaitanista, han avanzado hasta el punto en que, por ejemplo, este año el grupo armado aseguró no tener menores reclutados forzosamente entre sus filas. Rueda, en septiembre de 2022, le prometió a la estructura que las operaciones militares en su contra iban a mermar.
El auto de cinco páginas con el que la Procuraduría arranca la indagación reseña que Velásquez, Rueda, Lemus y Ricardo Rey Rosanía —exdirector de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI— "habrían ofrecido cese al fuego unilateral, movimiento de tropas" y "limpieza en la inteligencia".
"De otro lado, se habrían gestado reuniones en la Dirección Nacional de Inteligencia solicitando a personas de reconocidos nexos con el narcotráfico", como Edward Rincón, alias 'Boyaco Sinaloa', "que apoyaran con sus contactos políticos la aprobación de un proyecto legislativo", añade el documento.
La indagación de la Procuraduría por los contactos del Gobierno Petro con el Clan del Golfo
Noticias Caracol reveló las grabaciones sobre los encuentros en los que el Gobierno mostró su intención de ceder para arribar a un consenso con el Clan. Rueda se reunió con el cabecilla Luis Armando Pérez, alias 'Jerónimo', y Lemus y Rosanía, con Boyaco Sinaloa.
Jorge Lemus le planteó a Sinaloa, quien ganó su apodo porque fue empresario del sector esmeraldero de Boyacá y tuvo contactos en México para traficar droga, ser un enlace de la Casa de Nariño con Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo', el máximo jefe del Clan del Golfo. Y que le colaborara con sus "amigos políticos" para aprobar un proyecto que diseñaba un marco jurídico para negociar con el grupo armado.
La Procuraduría verificará "los hechos, conductas y posibles responsables", señala el auto con la indagación, que vincula a los exintegrantes del Ejecutivo para "garantizar su derecho a la defensa". La Consejería Comisionada de Paz deberá entregar un informe ejecutivo acerca de las negociaciones con los autodenominados gaitanistas entre 2022 y 2026.
El documento tendrá que incluir "los acuerdos logrados formalmente y la identificación de los negociadores reconocidos". El Ministerio de Defensa, por su parte, rendirá cuentas sobre los bombardeos contra el Clan entre 2022 y 2024, así como de las solicitudes de la Consejería Comisionada relacionadas con el grupo.
Henry Sanabria, el exdirector de la Policía entre 2022 y 2023, declarará bajo juramento, de acuerdo con las pruebas decretadas por la Procuraduría. En entrevista con La FM, el exoficial afirmó que el Ejecutivo impidió varias operaciones contra estructuras delincuenciales.
Las pruebas que la Procuraduría busca sobre la 'Paz Total'
Sanabria le contará al ente de control "todo lo que conozca y le conste" acerca de cómo el Gobierno enfrentó al Clan del Golfo, su crecimiento y sus miembros en medio de las negociaciones enmarcadas en la política de 'Paz Total', con la que la administración de Gustavo Petro dialogó indiscriminadamente con todos los actores armados.
La Fiscalía General de la Nación le enviará a la Sala Disciplinaria de Instrucción copia de las solicitudes del Gobierno de levantar órdenes de captura entre 2025 y 2026. Y la Dirección de Inteligencia remitirá un informe "debidamente soportado" sobre las misiones de trabajo que tuviesen que ver con lo que Caracol contó.
El 7 de agosto de 2022, cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente, el Clan del Golfo decretó un cese unilaterial de operaciones. Era una prueba de voluntad de paz, según Jerónimo. Danilo Rueda le prometió "cese de bombardeos y una decisión de limpieza de inteligencia policial". "Eso no es fácil, porque esa depuración es compleja, pero se está haciendo", dijo el entonces consejero comisionado. El país no lo sabía.
Rueda sostuvo que el incipiente gobierno entró en "una fase de depuración policial y militar, pero también de organismos de inteligencia" para blindar los tratos con el Clan. "Nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí", en la fuerza pública, "puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad", comentó el exfuncionario.
Iván Velásquez lo niega. En sus redes sociales negó haber sido informado sobre las negociaciones del comisionado de paz con el Clan del Golfo, así que sostuvo que los pactos no influyeron en sus decisiones en el Ministerio de Defensa. Además, zanjó que la única restricción para los bombardeos era ejecutarlos donde hubiese riesgo de afectar a menores de edad.
Las negociaciones con el Clan del Golfo
"Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda solo lo comprometen a él, y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes", publicó en su cuenta de X el representante colombiano en el Vaticano. Rueda, por su parte, manifestó en entrevista con La FM que su frase "juguemos a los congelados", que se escucha en los audios revelados por Caracol, se refería a detener temporalmente las confrontaciones en terreno "mientras logramos conversar".
El proceso formal con el Clan del Golfo empezó en septiembre de 2025 en Catar. En el primer ciclo las partes acordaron una etapa de construcción de confianza y un plan piloto de sustitucón de cultivos ilícitos en cinco municipios. En diciembre del año pasado, en el segundo ciclo, se establecieron tres zonas de ubicación temporal (ZUT) para que los alzados en armas transitaran a la vida civil.
Dos meses después, en febrero de 2026, el Clan suspendió su participación en la mesa porque el Gobierno intensificó su cacería contra Chiquito Malo. Estados Unidos quiere su extradición, que la Corte Suprema de Justicia ya avaló pero que el Ejecutivo aún no firma.
El 25 de junio se cumplía el plazo para que una parte de los integrantes de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas se trasladaran a la zona de ubicación de Córdoba. En ese momento la Fiscalía iba a pronunciarse a fondo sobre si levantaba las órdenes de captura de varios cabecillas, entre los que en principio el Gobierno incluyó a Chiquito Malo, desatando un choque con la Rama Judicial.
La Consejería Comisionada de Paz anunció, sin embargo, que el término no se cumplirá, porque la zona no cumple con los requisitos, si bien la entidad no se explayó en las formalidades a las que se refiere. Entre tanto, un juzgado frenó la instalación de la ZUT de Putumayo porque el Ejecutivo omitió la consulta previa a las comunidades indígenas de la región.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Procuraduría abrió una indagación contra exfuncionarios del gobierno Petro?
El Ministerio Público inició una indagación previa contra Danilo Rueda, Iván Velásquez, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía tras la divulgación de grabaciones que muestran contactos con el Clan del Golfo durante los primeros meses del gobierno Petro. La investigación busca establecer si ofrecieron beneficios como ceses de operaciones militares, movimientos de tropas o cambios en actividades de inteligencia.
¿Qué revelan los audios sobre las negociaciones con el Clan del Golfo?
Según las grabaciones que reveló Noticias Caracol, Danilo Rueda le prometió al Clan reducir las operaciones ofensivas y depurar organismos de inteligencia para facilitar un acercamiento. Además, Jorge Lemus habría buscado intermediarios para establecer canales de comunicación con alias 'Chiquito Malo' y apoyar una iniciativa legislativa para el sometimiento del grupo armado.
¿Qué pruebas ordenó recaudar la Procuraduría?
La entidad solicitó informes a la Consejería Comisionada de Paz sobre las negociaciones con el Clan entre 2022 y 2026, pidió al Ministerio de Defensa información sobre operaciones militares y bombardeos, y ordenó escuchar bajo juramento al exdirector de la Policía Henry Sanabria. También requirió documentos de la Fiscalía y de los organismos de inteligencia sobre decisiones adoptadas durante la política de 'Paz Total'.
¿En qué estado se encuentra el proceso de paz con el Clan del Golfo?
La mesa formal comenzó en septiembre de 2025 en Catar y alcanzó acuerdos sobre sustitución de cultivos y zonas de ubicación temporal. Sin embargo, el Clan suspendió su participación en febrero de 2026 por las operaciones contra alias 'Chiquito Malo', mientras que la instalación de algunas zonas de ubicación enfrenta retrasos y obstáculos judiciales que han frenado el avance de los compromisos pactados.
