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El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sostuvo un encuentro virtual con su homóloga del Perú, Zoraida Ávalos, con el fin de definir mecanismos eficaces y expeditos de colaboración para fortalecer las investigaciones por el escándalo de pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
Esta reunión se llevó a cabo en el marco de la cooperación judicial internacional definida para avanzar en las investigaciones por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
La delegación del Perú también estuvo conformada por el coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, Luzgardo Ramiro González; el fiscal coordinador del Equipo Especial de Fiscales, Rafael Ernesto Vela; la jefa de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Celia Esther Goicochea Ruiz, y el jefe de asesores de gabinete, Daniel Armando Pisfil Flores.
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Igualmente, el equipo de Colombia estuvo integrado por la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera y el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes.
“La delegación de la Fiscalía General de Colombia escuchó con atención las estrategias investigativas de la Fiscalía peruana y tomó atenta nota de las buenas prácticas que ese país ha adelantado en el caso Odebrecht”, señaló la Fiscal General.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación reveló que se lleva a cabo una minuciosa valoración de los protocolos y las condiciones para la suscripción de acuerdos de negociación con los involucrados en el escándalo de pago de sobornos de la multinacional brasileña.
El objetivo es otorgar beneficios jurídicos, como principios de oportunidad y preacuerdos muchos más amplios a los implicados que decidan realmente colaborar con la justicia.
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La revisión y aprobación de estos acuerdos de colaboración será determinada directamente por el despacho del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
En desarrollo de este proceso, la Unidad de Fiscales Delegados Ante la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder 175 expedientes judiciales relacionadas con este escándalo.
Igualmente, se adelantan 14 líneas diferentes líneas de investigación, fueron asignados 13 fiscales especializados de apoyo y otros 30 investigadores, con el fin de acelerar las respectivas labores judiciales.
