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La Procuraduría General de la Nación reconoció que hubo amenazas de muerte, chantajes y eliminación de información clave dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de corrupción en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal.
Al mismo tiempo, solicitó que sean enviados a la cárcel Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, procesados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
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