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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la absolución de 36 integrantes del Ejército Nacional que fueron investigados por ese tribunal especial por su participación en los hechos que rodearon las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’ en Norte de Santander.
El presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, explicó que se trata de 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo Segundo y un subteniente, quienes aportaron verdad suficiente para acceder a beneficios que comprenden eliminación de antecedentes penales.
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“Al concederles la renuncia a la persecución penal, se procede con la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales conforme las normas vigentes de la Constitución y los estipulados en el Acuerdo Final de Paz de 2016”, afirmó el magistrado
El magistrado resaltó que este beneficio permite que los comparecientes retomen su vida, además que destacó que es una decisión complementaria a una resolución previa en la que se imputó a los máximos responsables de 120 homicidios de los ‘falsos positivos’.
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“Aplicar este beneficio a quienes no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad. Esta decisión complementa el trabajo de la Sala de Reconocimiento, que previamente imputó a 11 máximos responsables por el asesinato de 120 personas en estado de defensión”, añadió Ramelli.
Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas afirmaron que los beneficios otorgados quedarán condicionados a que los comparecientes sigan cumpliendo con sus compromisos, como la comparecencia ante las solicitudes de las autoridades y la no repetición de conductas delictivas.
“Se advirtió a los comparecientes que el beneficio de la renuncia a la persecución penal está condicionado al cumplimiento continuo del régimen de condicionalidad estricto. En caso de que alguno de los comparecientes incumpla este régimen el beneficio podrá ser revocado y su caso será remitido a la jurisdicción ordinaria”, menciona la decisión de los magistrados.
Los magistrados resaltaron que continuarán avanzando con las decisiones y procedimientos para agilizar la investigación contra los máximos responsables de los hechos investigados para llegar a sanciones que reparen a las víctimas.
