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El Consejo Superior de la Judicatura definirá en los próximos días si avala o no la petición presentada por la defensa del coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y otros cuatro militares procesados por los hechos que rodearon el asesinato del desmovilizado guerrillero de las Farc, Dimar Torres Arévalo.
El despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta Wualteros radicó el pasado 3 de octubre proyecto de fallo frente a este conflicto de competencias ante sus compañeros de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. El 30 de octubre, uno de los magistrados presentó salvamento de voto en el debate jurídico.
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Fuentes cercanas al alto tribunal indicaron que en los próximos días se emitirá una decisión de fondo, es decir, si el caso sigue en la justicia ordinaria o por si el contrario es estudiado por la justicia penal militar (que solamente involucra actos por la prestación de servicio).
Este miércoles, el fiscal general encargado, Fabio Espitia señaló que existen suficientes elementos materiales probatorios para vincular al coronel en los hechos que rodearon la retención del excombatiente, los actos de tortura que sufrió, su muerte y el posterior intento para ocultar su cuerpo.
“La Fiscalía tiene claridad sobre la competencia, la justicia penal militar no ha solicitado ni planteado coalición (…) Esto fue una solicitud de la defensa y el juez dispuso remitir este al consejo Superior de la Judicatura”, precisó.
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Espitia señaló que la teoría del caso indica que el coronel tuvo un conocimiento directo y una participación activa en este crimen. Sin embargo, todas las acciones se encuentran suspendidas hasta que no se tome una decisión de fondo por parte de la Judicatura.
El pasado 9 de septiembre, cuando la Fiscalía General se disponía a realizar la imputación de cargos la defensa del coronel Pérez Amézquita interrumpió para presentar una solicitud de conflicto de competencias señalando que los hechos materia de investigación son actos de servicio, por lo que el caso debe ser estudiado por la justicia penal militar.
Debido a esto, el caso contra el coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo y los soldados profesionales Cristián David Pulido, William Andrés Castrillón y Yeison Alexander Duarte, por el delito de favorecimiento en homicidio, se suspendió.
En la mañana del 22 de abril, Torres fue interceptado por los militares cuando regresaba a su residencia en la vereda Campo Alegre, en zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). Después fue sometido a torturas y asesinado. Los militares intentaron ocultar su cuerpo en una fosa común, sin embargo los habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades.
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El pasado 23 de agosto, la defensa del cabo segundo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo -el primer procesado- presentó el preacuerdo que firmó junto a la Fiscalía General por estos hechos.
En la negociación el cabo reconoce su participación en este crimen.El próximo 21 de noviembre, un juzgado especializado de Cúcuta definirá su acepta o no el preacuerdo.
Recientemente, la Revista Semana publicó una serie de chats y mensajes en los cuales integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 en Ocaña (Santander) le informan al coronel Pérez Amézquita sobre todo lo ocurrido con el desmovilizado.
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