La FM en Google News
La justicia en Colombia es lenta. Los jueces permanecen saturados de trabajo, con sobrecargas de expedientes y un exceso en el uso de figuras jurídicas flexibles como las tutelas. Un terremoto, por consiguiente, impacta en el desarrollo de los procesos, hasta represarlos aún más, pero activa una respuesta solidaria oportuna.
En 2025, los jueces en todo Colombia recibieron más de 923 mil tutelas. Una cifra histórica, teniendo en cuenta las 912 mil de 2024, las 742 mil de 2023 y las 633 mil de 2022. El 15 de abril de 2026 la Corte Constitucional recibió su tutela número doce millones, tras la remisión obligatoria que todos los despachos cumplen desde 1991.
A nivel más local, los usuarios del sistema judicial radicaron en Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca unas 2.616 tutelas entre el 5 de agosto de 2026, cinco días antes del inesperado terremoto de 7,4 en el Pacífico, y el 12, el miércoles en el que el número de muertes por el sismo arribó a 265.
La carga para los juzgados y tribunales no es poca en medio de la emergencia. Así que el Consejo Superior de la Judicatura, que el mismo lunes del terremoto suspendió los términos judiciales y administrativos de los procesos hasta el 14 de agosto, prolongó el freno hasta el 11 de septiembre y distribuyó el fardo entre despachos itinerantes.
Por cuenta del diseño constitucional colombiano, la justicia no puede entrar en una parálisis total. La Rama Judicial dispuso medidas de choque, como la suspensión de términos en los siete departamentos más golpeados y la activación de una red ambulante de dependencias no afectadas, como en Arauca, Pasto y Barranquilla.
Además de las 2.616 tutelas, la semana del 5 al 12 de agosto también fue crítica en materia de hábeas corpus. Los privados de la libertad radicaron 51 recursos constitucionales para tratar de salir de prisión —preventiva o durante el cumplimiento de una pena—, es decir, unos siete al día, que deben resolverse en máximo 36 horas.
Las tutelas y los hábeas corpus son servicios esenciales porque atienden derechos fundamentales. Son trámites expeditos que deben distar de las complejidades de los procesos civiles, administrativos o penales ordinarios. Por eso, el 10 de agosto la Judicatura no los incluyó en la suspensión de términos.
Los despachos judiciales afectados recibirán apoyo mientras se recuperan de la emergencia
Tres días después, tras evaluar los daños en infraestructura y conectividad, el órgano de gobierno de la Rama Judicial optó por redistribuir las estibas. Los jueces municipales y de circuito y los tribunales de Arauca atenderán las tutelas, los hábeas corpus y los controles de garantías de Quibdó y de todo Chocó.
- Los despachos de Pasto y Nariño se encargarán de los procesos constitucionales de Popayán y de Cauca.
- Los de Cartagena, San Andrés, Bolívar y Caquetá cubrirán los casos de Manizales y Caldas.
- Los de Villavicencio, Guaviare y Meta tendrán competencia sobre Armenia y Quindío.
- Los despachos de Tunja y Santa Rosa de Viterbo, y los administrativos de Boyacá, asumirán los procesos de Ibagué y Tolima.
- En Barranquilla y Valledupar, y los departamentos de Atlántico y Cesar, aterrizarán los expedientes de Pereira y Risaralda.
- Pamplona, Cúcuta, San Gil, Bucaramanga, Sincelejo, Montería, Norte de Santander, Santander, Sucre y Córdoba sostendrán las causas de Cali y Valle del Cauca.
- Neiva, Yopal, Riohacha, Santa Marta, Huila, Casanare, La Guajira y Magdalena acogerán los procesos del distrito judicial de Buga.
El Acuerdo PCSJA26-12567, el documento que detalla las medidas operativas que la Rama adopta tras el terremoto, no solo contempla los procesos de carácter superior, sino que también redistribuye todas las causas pendientes que no fueron atendidas entre el 5 y el 12 de agosto por las fallas de infraestructura o de comunicaciones.
Mientras los términos sigan suspendidos en los siete departamentos priorizados, los jueces, escribientes, secretarios, judicantes y servidores en general se concentrarán en su recuperación. Contarán con un esquema de acompañamiento psicosocial especializado para proteger su salud mental y bienestar emocional.
En la víspera, la Judicatura decidió invertir 208 mil millones de pesos de sus saldos de proyectos de inversión para solucionar parte de las necesidades de infraestructura y tecnología de la Rama Judicial, tras el terremoto del 10 de agosto.
Tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2026 en el Congreso, la Rama cuenta con más de 10,9 billones de pesos, de los que más de 1,44 billones son de inversión. La atención de la emergencia acaparó el 14,4% del total de inversión.
La Rama destinará 116 mil millones de pesos a la reparación y adecuación de la infraestructura física de las sedes judiciales en Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, los departamentos más impactados por el sismo de 7,4 del lunes.
Otros 92 mil millones irán a la modernización de la tecnología de los despachos afectados. El Consejo Superior de la Judicatura, además, suspendió sus actividades académicas presenciales y dispuso utilizar la modalidad virtual.
El 11 de agosto, un día después del seísmo, las altas cortes, la Comisión de Disciplina Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Registraduría invitaron a sus funcionarios a donar un día de salario.
La solidaridad se impone en la Rama Judicial y entre los damnificados por el terremoto
“Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio o en un primer paso para comenzar de nuevo”, sostuvo un comunicado conjunto. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial armó una “red de apoyo y comunicación permanente” para mantener el contacto y la vigilancia en terreno.
La articulación institucional y el respaldo de toda la sociedad llevarán consuelo raudo a las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 que tuvo epicentro en Chocó y que provocó centenares de muertes en Colombia. Así lo manifestó la Corte Constitucional, que expresó su solidaridad a las víctimas y lamentó los decesos.
El alto tribunal extendió “un mensaje de solidaridad” a las personas que “se han visto afectadas por el movimiento sísmico”, lamentó “profundamente” la “pérdida de vidas” y subrayó su confianza en “la pronta recuperación de los heridos”. “El alivio llegará pronto a las zonas de mayor repercusión”, zanjó la poderosa corporación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada con el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, les expresó su “profunda solidaridad” a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos, a las personas heridas y a “todas las comunidades afectadas”.
Como medida preventiva, la justicia especial brindará atención solamente virtual en sus oficinas territoriales de Cali, Medellín, Neiva, Bucaramanga, Sincelejo y Pasto. Los grupos de trabajo en Pereira y Quibdó, las capitales de Risaralda y Chocó, “suspenderán sus actividades” hasta superar la contingencia.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que investiga las faltas disciplinarias de los funcionarios judiciales y los abogados en ejercicio, envió “un mensaje de fortaleza y aliento a los habitantes de las regiones más golpeadas y a las distintas zonas del país que sufrieron los impactos del sismo”, de acuerdo con un comunicado oficial.
Reconoció “la valiosa e incansable labor” de los entes de socorro y el personal médico que adelanta labores de rescate, atención e inspección. El Consejo de Estado, por su parte, llamó a “la unidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana”, además de seguir únicamente las orientaciones de “las autoridades competentes”.
El sismo en San José de Palmar es el de mayor magnitud en Colombia en la última década. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 3.824 heridos, 12.584 viviendas averiadas o colapsadas, 172 edificios derrumbados, 2.187 centros educativos afectados y 216 centros de salud dañados.
La cifra de muertes ha crecido durante la semana hasta llegar a 273, 204 de ellas en ciudades capitales. Pereira, sobre la cordillera de Los Andes, es la ciudad más afectada, con 93 fallecidos y 260 desaparecidos.
De la Espriella decretará una emergencia económica para financiar la reconstrucción
En Chocó, donde la tragedia empezó pasadas las siete y media de la mañana el lunes, el balance es de trece decesos y 182 personas lesionadas, mientras que en Cali la alcaldía de Alejandro Éder cifra en 96 las muertes y 111 las personas desaparecidas.
Colombia está a la espera del decreto de emergencia económica que expedirá el gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente lo anunció el miércoles, cinco días después de su posesión y dos después del seísmo.
La medida, que luego le permitirá al mandatario emitir decretos con fuerza de ley, tendrá que incluir la firma de todos sus ministros. Una de las determinaciones amparadas en el estado de excepción será la creación de un fondo especial para administrar los recursos destinados a la atención de la crisis.
El jefe de Estado, fiel a su discurso previo a llegar a la Casa de Nariño —o al Palacio de San Carlos, desde donde despacha—, aseguró que el terremoto llegó en medio de “un momento difícil”, por la crisis fiscal “más compleja de toda la historia republicana de nuestro país”.
“Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de discursos en tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado”, sostuvo De la Espriella, como parte de la justificación del estado de emergencia, que incorporará una cuenta especial, que llama “fondo milagro”, para “canalizar los aportes nacionales e internacionales” para reconstruir hospitales, escuelas, viviendas, edificios y vías.
La cordillera de Los Andes es una zona de alta sismicidad. Colombia, como Turquía, es un país constantemente en alerta, porque confluyen las placas tectónicas Sudamericana, la de Nazca y la Caribe, lo que causa unos cincuenta mil sismos al mes, la mayoría completamente imperceptibles.
En Armenia, en 1999, a unos 294 kilómetros de la capital de Chocó, un terremoto mató a casi 1.200 personas. El Eje Cafetero, principalmente en Quindío y Risaralda, recuerda la devastación de entonces mientras la comunidad busca a sus víctimas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Hasta cuándo están suspendidos los términos judiciales por el terremoto?
El Consejo Superior de la Judicatura extendió hasta el 11 de septiembre la suspensión de términos judiciales y administrativos en los siete departamentos más afectados por el terremoto, aunque mantuvo activos trámites como tutelas, hábeas corpus y controles de garantías.
¿Cómo funcionará la justicia mientras persista la emergencia?
La Rama Judicial redistribuyó entre despachos de otros departamentos la atención de tutelas, hábeas corpus y controles de garantías de las zonas afectadas, mientras los servidores de las sedes golpeadas se concentran en la recuperación de la infraestructura y cuentan con acompañamiento psicosocial.
¿Cuánto dinero destinó la Rama Judicial para reparar los daños?
El Consejo Superior de la Judicatura destinó $208.000 millones de sus recursos de inversión: $116.000 millones serán para reparar y adecuar sedes judiciales y $92.000 millones para modernizar la tecnología de los despachos afectados por el terremoto.
¿Cómo se ha manifestado la solidaridad de la Rama Judicial con los damnificados?
Las altas cortes y otras entidades públicas invitaron a sus funcionarios a donar un día de salario para ayudar a las víctimas, mientras la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial creó una red de apoyo y comunicación permanente para acompañar la emergencia.
