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Andrés Otero, especialista en leyes de Colombia y Estados Unidos, habló con LA FM de la posibilidad de que haya agentes de la DEA en el país. Lo hizo tras la captura del fiscal de la JEP Carlos Bermeo cuando recibía un dinero, en el marco del caso del guerrillero de las Farc Jesús Santrich.
"Es un error sorprenderse de que las autoridades americanas trabajen de la mano con las autoridades colombianas. Esa colaboración lleva más de 30 años", aseguró Otero, al indicar que entre las autoridades de ambos países se confían mucho y comparten información.
Según dijo, la vinculación de la DEA en casos colombianos se ha hecho más notoria por cuenta del caso de Jesús Santrich, el guerrillero de las Farc detenido en Colombia por narcotráfico.
Al margen de sus declaraciones, la Procuraduría General de la Nación abrió este lunes una investigación disciplinaria a un fiscal de la Justicia Especial para la Paz que fue detenido el viernes pasado cuando recibía un soborno para incidir en el expediente contra Jesús Santrich, un exjefe de las Farc que es pedido en extradición por Estados Unidos.
El Ministerio Público detalló en un comunicado que "busca establecer qué actividad realizaba" Carlos Julio Bermeo, fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, "cuando recibía presuntamente 40.000 dólares" que "harían parte de una coima de 500.000 dólares" para incidir en el caso de Santrich.
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Bermeo fue capturado junto a otras cuatro personas, entre ellos el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, quien fue condenado por vínculos con paramilitares con el fin de consolidar su proyecto político. Gil fue capturado por primera vez en 2008 y condenado por sus nexos con paramilitares. Sin embargo, en 2012 recibió el beneficio de libertad condicional al cumplir las tres quintas partes de su condena.
De otro lado, Santrich, uno de los líderes de las Farc que fue miembro del equipo negociador del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano, fue detenido en Bogotá en 9 de abril del año pasado a pedido de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Sobre el caso de Bermeo, la Procuraduría espera "establecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos que presuntamente podrían constituir faltas disciplinarias, por un posible soborno o conductas que afecten la administración de justicia y que pudieran constituir delitos".
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Asimismo, señaló que se ordenó la práctica de pruebas para determinar cuáles eran las funciones que cumplía Bermeo como fiscal de apoyo de la UIA, cargo que ocupa desde el pasado 29 de octubre. Entre tanto, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, pidió al director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, que se desvincule a Bermeo de esa entidad.
Tras la polémica generada por el soborno, la JEP señaló que la UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición y que, en consecuencia, no tiene nada que ver en el proceso de Santrich.
