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Investigadores de policía judicial señalaron que son contundentes las pruebas que lograron recolectar para desmantelar la organización criminal conocida como el 'cartel de evasión del IVA', que era liderado por Olga Lucia Díaz Guzmán, alias 'la Patrona'.
Ente las pruebas se destacan una serie de interceptaciones telefónicas a alias 'la Patrona' y a otros de los 7 capturados en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja, sindicados de integrar esta red delincuencial.
De acuerdo con los investigadores, estas personas venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios.
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Los fiscales a cargo del proceso establecieron que la defraudación cometida por esta organización ilícita supera los 2,3 billones de pesos.
Las pruebas permitieron identificar que alias 'la Patrona', identificada por los investigadores como la jefe de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó nueve empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales.
Asimismo, se pudo establecer que esta red delincuencial tenía como domicilio comercial una bodega en Bogotá, que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.
En una de las interceptaciones telefónicas lograda por los peritos de la Fiscalía, aparece dialogando Olga Lucia Díaz Guzmán, alias 'la Patrona', con Cristian Eduardo Zafra Reyes, uno de los supuestos asesores de este entramado criminal, en el que queda en evidencia como se planeaban algunos cambios de facturación irregular.
En una segunda grabación, Olga Lucia Díaz Guzmán, alias 'la Patrona', habla con un hombre identificado como Guillermo, otro supuesto intermediario de este negocio criminal, en cuyo diálogo se evidencia la manera como repartían los pagos que recibían de las empresas que contactaba este 'Cartel de la evasión del IVA’.
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Durante la investigación se pudo evidenciar que una de las empresas creadas expidió facturas falsas por más de 40.000 millones de pesos al año.
Los capturados fueron judicializados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas entre 8 y 18 años de prisión.
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