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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, por presuntos actos de violencia cometidos contra un ciudadano en Bogotá.
Según el organismo de control, los hechos habrían ocurrido durante un procedimiento de registro al ciudadano Juan Sebastián Nova, en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo. La Procuraduría investiga si la uniformada abusó de su posición de autoridad al golpear en el rostro al transeúnte con el bastón tonfa, arma de dotación oficial.
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“La patrullera presuntamente excedió los límites legales establecidos para el ejercicio de sus funciones”, indicó la Procuraduría.
Además, se busca establecer si su actuación desconoció los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad que rigen el actuar de los servidores públicos.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción calificó provisionalmente la conducta de Pérez Romero como gravísima, a título de dolo. “Se habría producido una vulneración directa a los derechos fundamentales del ciudadano involucrado en el procedimiento”, señaló la entidad.
El proceso disciplinario continuará con el fin de determinar si existen méritos para imponer sanciones a la funcionaria.
En otras medidas del ente de control, abrió una investigación disciplinaria contra la directora de Gestión Administrativa y Financiera de la Subsecretaría de Gestión Corporativa de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, por presuntas irregularidades en la supervisión de contratos de aseo y cafetería durante los años 2022 y 2023.
Según el Ministerio Público, se investiga una posible falta de gestión que habría derivado en el uso y almacenamiento de productos vencidos tanto para la limpieza como para la preparación de café y otras bebidas en las Casas de Igualdad de Oportunidades.
“Se habrían utilizado insumos vencidos en la prestación de servicios básicos, lo cual podría haber afectado la salubridad y condiciones laborales en estas instalaciones”, señaló la Procuraduría.
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Además, el ente de control indaga si la funcionaria habría impedido que las mujeres empleadas en estos servicios accedieran a la oferta institucional de la Secretaría de la Mujer, que incluye atención psicosocial, orientación jurídica y acompañamiento en casos de violencia.
