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El capitán Andrés Suárez, quien hizo parte de la Oficina Jurídica del Fondo Rotatorio de la Policía, entregó su testimonio a favor del general en retiro de la Policía, Óscar Atehortúa, en medio del juicio disciplinario que avanza en su contra por irregularidades en un contrato para la construcción de viviendas fiscales de la Policía en el Tolima.
El capitán aseguró que Atehortúa, en su condición de director general, nunca los obligó a recibir una obra “distinta a tal cual como estaba establecida en el contrato, los videos que aporto dan cuenta del resultado de la obra ejecutada desde su funcionalidad”.
“No hay ninguna suma de duda frente a alguna manipulación que haya tenido. Las obras se recibieron porque cumplieron con sus condiciones”, dijo.
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También dijo que las decisiones que tomó el general en su momento “se ajustaban a la ley” y que el año pasado la Fiscalía había emitido una decisión en la cual “dijo que durante la participación del general Óscar Atehortúa durante el desarrollo de las obras no había delito alguno por la liquidación y recibo de las obras”.
El capitán explicó que las obras de la primera fase del proyecto en las que al parecer se presentaron irregularidades por demoras en su terminación, fueron autorizadas por la administración anterior a la de Atehortúa.
“El contrato 11732011 que se refiere a la obra de la primera fase del proyecto fue suscrito el 11 de octubre de 2011 por el entonces coronel Saúl Torres Mujica”, dijo.
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Dijo que ese contrato incumplió el plazo de ejecución, ya que“el contrato suscrito en el año de 2011 tuvo un plazo de dos meses sin embardo se ejecuto vigencia 2011, vigencia 2012, vigencia 2013, vigencia 2014 y vigencia 2015, hecho que desde todo punto de vista desborda las condiciones iniciales”.
El expediente contra Atehortúa inició después de las denuncias del general William Salamanca, entonces inspector general de la Policía, quien reveló supuestos procedimientos irregulares durante la gestión de Atehortúa como director de la institución.
Cuando fue citado, a juicio la Procuraduría, informó que era “por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de San Luis, Tolima; aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias por estos hechos cuando ocupó la Inspección General, y supuestas extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo”.
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