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Los candidatos a la Procuraduría General de la Nación presentaron ante la plenaria del Senado de la República sus propuestas encaminadas a mejorar el funcionamiento del Ministerio Público durante los próximos cuatro años.
Durante su comparecencia ante los congresistas, los ternados se refirieron al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se establece que la Procuraduría, ni ningún órgano administrativo, puede restringir los derechos políticos de los funcionarios elegidos con voto popular.
En contexto: Candidatos a la Procuraduría presentaron sus propuestas ante el Senado
Juan Carlos Cortés, quien es el aspirante del Consejo de Estado, propuso crear una nueva instancia de revisión de los fallos disciplinarios.
“Que podamos construir un recurso, o una consulta judicial expedita, para que las decisiones que adopte la Procuraduría en materia de inhabilidad frente a servidores públicos de elección popular, puedan ser revisadas por la justicia de manera inmediata, suspendiendo sus efectos hasta que la justicia evalúe la tipicidad de la falta y la sustentabilidad de la sanción, para que así tengamos un control judicial que garantice los derechos políticos”, indicó.
Wilson Ruiz, el candidato de la Corte Suprema, planteó adecuar la legislación colombiana a lo estipulado por la sentencia de este organismo internacional.
“Esta sentencia obliga a nuestro Estado y en especial a la Procuraduría, a realizar una reingeniería del ejercicio de la facultad sancionatoria contra servidores públicos elegidos por voto popular, que debe ir en sintonía con lo señalado en varios artículos de la Convención”, manifestó.
La exministra Margarita Cabello, aunque no se refirió al fallo como tal, sí dijo que se necesita encausar la función disciplinaria de la Procuraduría y sancionar a quienes realmente lo merecen.
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“Solo vamos a sancionar con firmeza al funcionario público que vulnere la ley o que ejerza de manera negligente sus responsabilidades, por ejemplo, no cumpliendo con sus obligaciones de tener una política de seguridad y convivencia ciudadana”, indicó.
Algunos de los ternados a la Procuraduría consideran que se debe trabajar de la mano con el Congreso y el Gobierno, en la construcción de un proyecto de ley que aplique los conceptos establecidos por la Corte Interamericana en cuanto a los derechos políticos de los funcionarios elegidos con voto popular.
