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El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Rafael Enrique López Geliz, adelanta el estudio de la tutela que fue instaurada por el exsenador Álvaro Uribe Velez con la cual busca que sea revocada la decisión del juzgado cuarto del circuito de la ciudad de mantenerlo como imputado por el caso de supuesto soborno de testigos.
El abogado Jaime Granados defensor de Uribe Vélez, señaló que el juez de segunda instancia desbordó su competencia, porque pese a que debía sólo referirse a la libertad también resolvió un aspecto que le correspondía decidir a la Fiscalía General como lo es la de formulación de una imputación.
“Consideramos que el señor juez de segunda instancia se equivocó y vulneró de manera grave el ordenamiento jurídico porque, en primer lugar, está suplantando a través de un defensor que llamamos orgánico la función que tiene la Fiscalía General”, dijo Granados.
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Así mismo, sostuvo que: “desde el punto de vista constitucional en Colombia es a la Fiscalía a la que le corresponde presentar la imputación ante un juez de control de garantías y no a ningún otro funcionario”.
En torno a esta petición, la Fiscalía General también solicitó al Tribunal Superior de Bogotá fallar a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez la tutela instaurada.
El fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia argumentó que es necesario subsanar esta situación, porque coincide con el exsenador en el sentido de que no se puede equiparar la indagatoria que definió en su momento la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con una imputación que aún no se ha realizado.
Igualmente, planteó que esta situación no sólo genera una afectación a las garantías de defensa y el debido proceso de Uribe Vélez, sino que arroja de manera forzosa a la Fiscalía a una fase de trámite de juicio con una serie de falencias lo que atenta sensiblemente el procedimiento penal.
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“Si bien la indagatoria celebrada resulta válida ante el cumplimiento de los requisitos legales esenciales propios del sistema penal mixto (Le 600 de 2000), con ocasión del tránsito de sistema penales debe decaer su vigencia”, señala la petición de la Fiscalía.
