Avalan aceptación de cargos de exgobernador de Guainía por corrupción

Exgobernador de Guainía acepta cargos por corrupción. Se le imputan delitos de contrato irregular y peculado agravado.
Corte Suprema de justicia
La Corte Suprema cita al abogado José Luis Moreno Caballero para declaración juramentada en caso de corrupción UNGRD. Crédito: Corte Suprema de justicia

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la aceptación de los cargos de corrupción imputados al exgobernador del departamento de Guainía, Efrén de Jesús Ramírez Sabana, quien fue acusado de haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

Los cargos contra Ramírez Sabana están relacionados con irregularidades en la celebración de un contrato de obra que data de octubre de 2007, por un monto superior a 2.500 millones de pesos.

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Según la investigación, el exgobernador permitió que un particular se apropie de más de 870 millones de pesos de los recursos destinados a dicho contrato.

Ese contrato estaba relacionado con un convenio previamente suscrito entre el departamento de Guainía y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para la ejecución de obras de infraestructura, que incluían la construcción de puentes, terraplenes y sistemas de drenaje.

Los magistrados de ese tribunal ahora deberán redactar la sentencia para emitir un fallo que establecerá la pena que se impondrá al exgobernador por los delitos de los cuales ha sido acusado.

El exgobernador de Guainía ya había sido condenado por corrupción, pues en 2022, la Corte Suprema condenó a Ramírez a 7 años y 4 meses de prisión, como autor de múltiples contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Las irregularidades por las que fue condenado Ramírez Sabana en primera instancia tienen que ver con nueve contratos en los que la Corte encontró que no se cumplieron los requisitos que señala la ley, y por tres contratos en los que hubo una apropiación de recursos públicos por $160’578.247, causándole un detrimento patrimonial al departamento.

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La sentencia también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de su pena, lo condenó al pago de una multa de más de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.


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