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Un juez de Bogotá suspendió la reanudación de la audiencia de solicitud de preclusión del proceso que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por supuesto soborno a testigos, que estaba prevista para este jueves.
La razón del aplazamiento se dio porque el fiscal jefe de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, quien coordina esta investigación, se excusó por no asistir a la diligencia judicial debido a que tiene una incapacidad médica.
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Así mismo, el exvicefiscal general Jorge Perdomo, quien aparece acreditado como una de las víctimas dentro del expediente contra el expresidente de la República, también se excusó por no poder asistir a la audiencia debido a que tenía otra diligencia judicial previamente programada.
Reinaldo Villalba, representante civil del senador Iván Cepeda, también acreditado como víctima en el proceso, confirmó que la audiencia fue reprogramada para los días 22, 23 y 26 y 27 de julio, con el fin de poder avanzar en ese proceso.
Esta audiencia que coordina la juez 28 del circuito de conocimiento de Bogotá tiene vía libre para reanudarse luego de que el Tribunal Superior de la ciudad determinó negar la participación como víctimas de periodista Gonzalo Guille y Deyanira Gómez, esposa del exparamilitar y testigo clave en el proceso Juan Guillermo Monsalve.
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La Fiscalía ha indicado que considera que el caso debe ser cerrado “luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso”.
El proceso
Todo comenzó el 23 de febrero de 2012, cuando el expresidente denunció ante la Corte Suprema al senador Iván Cepeda por un supuesto 'cartel de falsos testigos' en su contra.
Sin embargo, en febrero de 2018 el caso tomó un giro, y la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a Cepeda y por el contrario, ordenó investigar a Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
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Un año más tarde, Uribe fue escuchado ante la Corte Suprema y el 4 agosto de 2020 la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad, convirtiéndose en el primer expresidente de Colombia en estar bajo la figura de detención domiciliaria.
Así las cosas, Uribe renunció al Senado y el caso pasó a manos del jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes por designación del fiscal General, Francisco Barbosa.
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