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Por motivos de agenda, el juzgado 45 de control de garantías reprogramó la audiencia en la que iba a definir la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez dentro del proceso penal que se le adelanta por las presuntas irregularidades en el contrato para el adoquinamiento de las vías del municipio de Albania.
En dicha diligencia el funcionario judicial definirá si en efecto acepta o no la medida de aseguramiento en centro carcelario contra la exmandataria departamental, quien es señalada de haber celebrado de manera irregular un contrato por 12.950 millones de pesos cuando estaba terminando su mandato como alcaldesa de Albania con el fin de promocionar su candidatura a la gobernación de La Guajira.
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En el pliego de condiciones del cuestionado contrato –que contó con dos adiciones- se señalaba que la mano de obra para el desarrollo de las obras iba a depender directamente de personas del municipio que estaban desempleadas. Fue así como se firmó un contrato de colaboración el cual no contó con ningún tipo de licitación pública pese a su costo.
Miles de personas presentaron sus hojas de vida para realizar el adoquinamiento pero fueron muy pocos los elegidos, casualmente todos aquellos que presentaban en su documentación una hoja con una marca, la misma que según la Fiscalía General los ponía como “recomendados” de Pinto, quien para la época de la ejecución del contrato ya había salido de la Alcaldía.
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“Los contratos se desfinanciaron porque los recursos de compra de materiales se usaron para la contratación de personas, entre ellas mujeres en estado de embarazo y adultos mayores, a quienes se les pagaba un salario así no ejecutaran los trabajos para los que fueron contratados”, detalló la fiscal del caso en la imputación de cargos.
El ente investigador sostiene que Oneida Pinto creó y puso en marcha una “empresa criminal” que tenía como único objetivo manejar todo el tema de la contratación pública en el municipio de Albanía. Para esto se concertó con su esposo y su escolta, Jeankeller Hernández Erazo, quien fue elegido como su sucesor en la Alcaldía.
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Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración de contratos sin los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento pública y falsedad en documento privado. La exgobernadora de La Guajira se declaró inocente de estos hechos.
Debido al peligro que representa para el proceso, el riesgo de fuga y las amenazas e intimidaciones que podrían recibir los testigos de la investigación la Fiscalía General consideró que lo mejor es que Pinto esté privada de su libertad. El juez del caso deberá definir si acepta o no estos argumentos.
