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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) radicó la primera demanda judicial relacionada con un conflicto agrario que se ha extendido por más de 25 años en la Ciénaga de Don Antonio o Cholén, ubicada en el municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre. La acción busca resolver la ocupación irregular de 187 hectáreas de tierras públicas y avanzar en el proceso de deslinde de este cuerpo cenagoso, que ha sido escenario de enfrentamientos violentos que han dejado víctimas mortales.
Con esta demanda, la ANT inicia una nueva etapa en los procesos agrarios tras la Sentencia C-294 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la competencia que tenía la entidad para decidir de fondo estos casos bajo el Decreto Ley 902 de 2017. A partir de ahora, los procesos agrarios deberán tramitarse en dos fases: una administrativa y otra judicial.
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"Esta demanda, que la Agencia Nacional de Tierras presenta ante la jurisdicción ordinaria debido a la falta de una ley que regule la Jurisdicción Agraria, no solo es una acción jurídica, sino también una medida de protección para las comunidades campesinas y pescadoras de la región", afirmó Felipe Harman, director de la ANT.
El conflicto involucra a hacendados, campesinos y pescadores que han ocupado el territorio de forma irregular. Según la entidad, el caso reviste especial importancia porque se relaciona con derechos colectivos de comunidades rurales que han sido víctimas de desplazamientos forzados, acaparamiento de tierras y hechos violentos, incluyendo el asesinato de tres de sus integrantes. Estas situaciones han sido puestas en conocimiento de la Comisión de la Verdad y otras autoridades.
Los playones comunales involucrados en este caso son bienes públicos, imprescriptibles, inembargables e inadjudicables. Su uso debe estar orientado al beneficio colectivo, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, que ha expresado su compromiso con la protección de los recursos naturales en el marco de la política agraria.
En este contexto, la ANT hizo un llamado urgente al Congreso de la República para que apruebe la Jurisdicción Agraria, lo cual permitiría contar con jueces especializados en esta materia. También instó a la Rama Judicial a dar prioridad a estos procesos mientras no exista una jurisdicción especializada. "La situación es crítica, y es imperioso que se brinde una respuesta diligente a las comunidades campesinas que llevan muchos años esperando la intervención de la justicia", indicó Harman.
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En declaraciones a La FM, el director de la ANT también señaló que el representante a la Cámara por Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca, está involucrado en una investigación por presunto acaparamiento de baldíos en el departamento del Vichada. Además, mencionó que una familia de la senadora Paloma Valencia estaría relacionada con un predio de gran extensión en la misma región. "La entidad avanza en las investigaciones y pedimos esclarecer posibles conflictos de interés", afirmó.
