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A una pena que oscila entre los seis y los 15 años de prisión podría enfrentarse el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, tras ser llamado a juicio y recapturado bajo detención domiciliaria por hechos relacionados con irregularidades en materia de contratación.
Así se evidencia en el escrito de acusación conocido por RCN Radio, en el que la Fiscalía General sustentó el llamado a juicio y la recaptura del gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, como supuesto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
El escrito de acusación fue firmado por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Jorge Hernán Díaz Soto, quien acusa al gobernador de Antioquia, por estar presuntamente implicado con irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada- Caucasia.
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“El material de prueba da cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005-CO-20-335, en la tramitación y suscripción del contrato adicional N° 1 y del otrosí 2, y de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo, en hechos ocurridos durante el período como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007”, indicó la Fiscalía General.
Según las investigaciones, el valor inicial de la contratación que compromete en este proceso al gobernador Aníbal Gaviria asciende a los los 41.663 millones de pesos.
En torno a la necesidad de la recaptura se señala: “desde la oportunidad procesal de la definición de situación jurídica la Fiscalía trajo a cita el criterio de que la restricción de la libertad personal tiene carácter excepcional, como que ella procede únicamente cuando se muestra necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos y fines constitucionales”.
El fiscal delegado fue enfático en señalar que el gobernador Aníbal Gaviria era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aún cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
“La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25 % del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29 %. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”, sostuvo el fiscal delegado.
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Según los investigadores, la modificación del porcentaje del anticipo en la celebración del contrato sin que previamente se adelantara o verificaran estudios previos que así lo hubiesen aconsejado, no se explica, como pretende Gaviria Correa”, indica la Fiscalía.
En el documento también se señala: “no se trató de un error o un lapsus, porque una diferencia cercana a los 1.500 millones de pesos en la suma que debía entregarse a título de anticipo, por más recursos que maneje el Departamento de Antioquia debía identificarse contable y financieramente”.
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