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La exrectora del Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, no será procesada por discriminación en el proceso que se adelanta en su contra por la muerte del joven Sergio Urrergo, de 16 años, debido a que este delito precluyó.
No obstante, Castillo seguirá siendo procesada por falsa denuncia contra persona determinada, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
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Según con las investigaciones entorno al caso de la muerte de Sergio Urrego, Amanda Castillo cometió actos discriminatorios contra al adolescente por ser homosexual y una vez el joven murió, la exrectora habría realizado acciones para ocultar hechos en el caso, alterando la verdad y ocultando pruebas.
Amanda Castillo también es acusada de haber ejercido presión sobre la pareja de Sergio Urrego, para que lo denunciara por acoso sexual sabiendo que este hecho no era real, puesto que el joven y Urrego sostuvieron una relación consentida.
En su momento, Alba Lucía Reyes Arena, madre de Sergio Urrego, precisó que a pesar de las pruebas que se han conocido entorno a las diferentes agresiones y acosos escolares a las que fue sometido Sergio por parte de varios de sus compañeros y directivos del colegio Gimnasio Castillo Campestre, aún no se han cumplido las primeras condenas contra los implicados.
"El año pasado se registraron en Colombia las dos primeras condenas por casos de ese tipo y esta es la hora que aún no se han hecho efectivas (...) estamos esperando las disculpas públicas por parte de la exorientadora psicológica del Colegio", señaló.
La mujer reiteró que seguirá adelante con esta demanda que busca una reparación simbólica y no de orden económico, con el fin de que un caso como el de su hijo no se repita.
"Inclusive en una de las solicitudes que realizó en el proceso, la Secretaría de Educación nos pide que entreguemos la historia clínica de Sergio, pese a que es privada y no creo que esto tenga que ver con la responsabilidad que tiene, no solo frente al caso de mi hijo sino en relación con los diferentes casos de discriminación que sufren nuestros niños", dijo Reyes.
Cabe mencionar que hace en 2017, la Secretaría de Educación de Cundinamarca responsabilizó a los padres del menor por su suicidio, al contestar una demanda que sigue contra ese ente departamental por presuntamente no detectar que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, no contaba con las medidas de prevención y atención del acoso escolar en razón a su orientación sexual.
Así lo confirmó en su momento a RCN Radio, Alba Lucía Reyes, quien indicó que en la respuesta de la demanda, la Secretaría de Educación aseguró que "la responsabilidad del bienestar del menor se encontraba en cabeza de sus progenitores".
Asimismo, señaló que esta entidad en su defensa sostuvo que "como guías permanentes del desarrollo de sus hijos (los padres de Sergio Urrego) representan la primera línea de salvaguarda".
De igual forma, señaló que en la demanda se está reclamando por una respuesta clara y concisa sobre su responsabilidad como ente de control de los colegios y como reparación simbólica solicita que la secretaría realice un seguimiento eficaz a los colegios y se implemente una verdadera herramienta para prevenir y atender las diferentes modalidades de acoso escolar.
Con respecto al proceso judicial contra varios de los implicados, hay que recordar que la expsicóloga de ese plantel educativo, Ivonne Cheque, ya fue condenada a 35 meses de prisión, además del pago de 8.5 salarios mínimos, tras haber aceptado cargos por los delitos de discriminación agravada y falsa denuncia.
Sin embargo, debido al bajo monto de la pena, la mujer se encuentra libre.
Para el caso de la exveedora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez, también fue condenada a 27 meses de prisión y el pago de 72 millones de pesos, tras haber aceptado los delitos de discriminación agravada y ocultamiento de elementos materiales probatorios.
Entre tanto, avanza el juicio contra la rectora del centro educativo, Amanda Azucena Castillo, quien se encuentra en libertad por vencimiento de términos y quien deberá responder por los delitos de discriminación agravada, falsa denuncia, ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas, ante el juzgado 51 de conocimiento.
Finalmente, también persiste la demanda administrativa contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca, luego que los familiares de Sergio Urrego pidieran una retracción por parte de esa entidad, por haber culpado a los padres del suicidio del menor.
