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David Albarracín, defensor del exrepresentante legal de TicketYa, Medardo Alberto Romero, aseguró que su cliente no incurrió en los delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción agravada y concierto para delinquir, que la Fiscalía General le imputó por las presuntas irregularidades que se registraron en la venta de la boletería para los partidos de la Selección Colombia, con miras al Mundial de Rusia 2018.
“La Fiscalía le está imputando delitos que no cumplen la parte objetiva. Acá no hay concierto para delinquir, no hay agiotaje porque la venta de boletas para espectáculos públicos no tiene ese talante en nuestro país y tampoco hay actos de corrupción, donde mi defendido hubiese podido participar”, afirmó.
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Para el jurista, uno de los errores de la Fiscalía General en este caso es decir que la reventa de boletería para este tipo de espectáculos es un delito.
“En la venta de boletas, no hay una regulación específica ni en el país, ni en el extranjero, no se pueden configurar los delitos de agiotaje, sobre los mismos”, explicó el jurista.
Agregó que “la reventa era una contravención en el Código de Policía que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, con mucha más razón no puede considerarse como un delito”.
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Para el abogado la Federación Colombiana de Fútbol no ha manifestado públicamente que este episodio hubiera generado un perjuicio económico.
“No hay delito de corrupción privativa porque no existe el ingrediente normativo que, se representa en el perjuicio y eso, no lo ha reclamado la Federación”, señaló.
El defensor también argumentó que la Fiscalía no tiene evidencia suficiente que demuestre la responsabilidad de su cliente en las supuestas irregularidades que se habrían presentado con el tema de la boletería.
“No hay una sola prueba que demuestre que mi cliente vendió boleta alguna y que recibió una suma de dinero”.
Frente a lo manifestado por el expresidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, sobre los supuestos sobornos que recibieron los exdirectivos de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, Ramón Jesurún y Álvaro González, aseguró que es “falso de toda falsedad”.
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Finalmente, Albarracín se opuso a la solicitud que la Fiscalía General, de ratificar la orden de captura en contra de su defendido y de imponerle una medida de aseguramiento intramural.
Para el jurista, su defendido siempre ha atendido los llamados de la justicia y ha estado presto a cumplir las citaciones en el marco de esta investigación.
Debido a esto, propuso que su cliente se presente cada 30 ante el consulado colombiano en Miami (Florida), donde actualmente reside y que cada tres meses, al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
El empresario está siendo investigado por su supuesta injerencia en la planeación y ejecución de las maniobras ilegales con las que revendieron 13.853 boletas del partido Colombia – Brasil, que se jugó el 5 de septiembre de 2017, en Barranquilla.
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