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Venezuela termina 2018 inmersa en la más grave crisis económica, política y social de su historia; un año en el que se estima que más de un millón de venezolanos se sumaron a otros dos millones que ya dejaron el país y provocaron una crisis migratoria en la región.
El proceso de hiperinflación que se inició en octubre de 2017 se mantuvo durante todo 2018 para cerrar con el índice de precios al consumidor de al menos dos millones por ciento, lo que deja a los venezolanos con los bolsillos rotos y sin esperanzas de superar esta crisis a medio plazo.
Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina son los países que han acogido a la mayoría de los venezolanos que salieron caminando de Venezuela, una situación que tomó a estos países desprevenidos y les obligó a pedir ayuda a los organismos internacionales para atender la llegada masiva de migrantes. Según cifras de la ONU, el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo ha alcanzado los tres millones.
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Pese a estas evidencias, el gobierno de Nicolás Maduro negó esta migración masiva y tras señalar que se trata de algunos cientos, habilitó aviones para que regresen al país los venezolanos que así lo deseen. Maduro acusó además a Estados Unidos, países aliados de "el imperio", y a los empresarios venezolanos, de hacerle una "guerra económica" al subir los precios de los productos de forma desproporcionada o de esconder los alimentos para promover protestas o una intervención internacional.
Y pese a que el 2018 se inició con el viento en contra para el Gobierno, con el fracaso de un nuevo diálogo político y la mayoría de las encuestas rebajando su popularidad alrededor de un 20 %, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente -foro no reconocido por varios gobiernos del mundo- convocó a comicios presidenciales.
Maduro logró la victoria en unas cuestionadas elecciones en las que no participaron los principales líderes opositores por estar inhabilitados y en la que la mayoría de los partidos antichavistas no concurrieron por considerarlos fraudulentos, lo que se repitió en las votaciones municipales.
El presidente obtuvo 5.823.728 votos, con una participación de 8,6 millones de electores de los más de 20 millones que estaban convocados, lo que supuso la mayor abstención de la historia venezolana. Debido a estas circunstancias, ampliamente denunciadas por la coalición opositora, fueron muchos los países que no reconocieron a Maduro como jefe de Estado en este nuevo período presidencial que se iniciará el próximo 10 de enero.
Ese fue el caso de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Estados Unidos y algunos europeos. Este año se registraron constantes manifestaciones en todo Venezuela, escenario de más de 30 protestas diarias por la pérdida de derechos laborales, falta de medicamentos, de alimentos y de servicios básicos como electricidad, agua o gas.
Estas protestas se mantuvieron e incluso se agudizaron después de que el Gobierno pusiera en marcha, el pasado 20 de agosto, un paquete de medidas económicas enmarcado en el llamado Plan de Recuperación Económica. El paquete, que incluyó la multiplicación por 35 del salario mínimo y una reconversión monetaria para devaluar el bolívar, causó, según la patronal Fedecámaras, el cierre de un sinnúmero de empresas que no pudieron costear este aumento y consiguiente se perdieron muchos empleos.
Y en medio de este caos, la oposición política se mostró más golpeada que nunca, no solo por la aparente división de sus dirigentes sino por el apresamiento, órdenes de captura e incluso fallecimiento de algunos líderes. El 4 de agosto durante un acto con militares, Maduro sufrió un atentado con drones del que salió ileso y que llevó a la detención del diputado Juan Requesens y del concejal Fernando Albán.
Requesens sigue detenido mientras sus abogados aseguran que se ha violado su derecho a la defensa y Albán falleció cuando estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que aseguró que el dirigente se suicidó al lanzarse desde el piso 10 de la sede del organismo de seguridad en Caracas.
