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El estado de Georgia en los Estados Unidos anunció este miércoles el retiro total de los cargos criminales contra el presidente Donald Trump y otros implicados en los esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones de 2020, poniendo fin a uno de los procesos legales más mediáticos y controvertidos de los últimos años.
La decisión llega tras meses de parálisis judicial provocada por las acusaciones de mala conducta contra Fani T. Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, quien encabezaba la investigación. En febrero, un juez determinó que Willis mantenía una relación inapropiada con el fiscal especial Nathan Wade, lo que comprometía la imparcialidad del proceso.
El tribunal ordenó que uno de los dos debía abandonar el caso; finalmente, Wade renunció, pero el daño institucional ya estaba hecho.
El origen de la causa se remonta a la filtración de una llamada telefónica de enero de 2021, en la que Trump presionó al entonces secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para “encontrar” los votos necesarios que le permitieran revertir su derrota frente a Joe Biden.
Aquella conversación motivó la investigación por presunta extorsión y conspiración. Sin embargo, el fiscal Peter Skandalakis, quien asumió el caso a inicios de este mes, concluyó que continuar adelante carecía de sentido judicial y práctico.
En una presentación formal ante el tribunal, afirmó que, tras revisar a fondo el expediente, decidió retirar los cargos “para servir a los intereses de la justicia y promover la firmeza judicial”.
Skandalakis también argumentó que, siendo Trump un presidente en funciones, no existe “ninguna posibilidad realista” de que pueda ser obligado a comparecer en un tribunal estatal mientras dure su mandato: “El mandato actual de Donald J. Trump no expira hasta el 20 de enero de 2029; para entonces, habrán transcurrido ocho años desde la llamada telefónica en cuestión”.
La determinación fue confirmada por el juez Scott McAfee, del Tribunal Superior del condado de Fulton, quien emitió una orden declarando que el caso “queda desestimado en su totalidad”.
La decisión representa un revés definitivo para una de las investigaciones más emblemáticas sobre la conducta de Trump tras las elecciones de 2020, y marca un nuevo punto de inflexión en el escenario judicial y político que rodea su segundo mandato en curso.
